Mientras un grupo de personas, lideradas por Soraya Gutiérrez, del grupo Guerreras por la Democracia, se plantaba frente a la Policía de Tránsito para denunciar las altas multas impuestas por las infracciones, miembros de la denominada Caravana Popular 2015 anunciaron una segunda protesta el 1 de febrero.
[doap_box title=»Guardan silencio» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]El jefe de la Policía de Tránsito, comisionado mayor Roberto González —quien de lejos observaba un plantón frente a sus oficinas—, evitó hablar de los señalamientos que le hacen diferentes sectores en los últimos días, alegando que atendería una llamada telefónica.
A las altas multas por infracciones de Tránsito se suman los señalamientos de imposiciones de multas arbitrarias cuando los conductores se rehúsan supuestamente a pagar coimas, así como sobre la percepción de aumento en los accidentes.[/doap_box][doap_box title=»Programa especial» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]“Lo que debería crearse es una política pública, es un programa especial de atención a este fenómeno, que el objetivo sea disminuir la accidentalidad con su consecuente disminución de muertos y lesionados por accidentes de tránsito… debería haber la voluntad para otorgar un presupuesto específico para ese programa que no solo tiene que ser de educación vial, no solo una campaña preventiva, sino que busque cómo fortalecer las capacidades operativas de las instituciones que están involucradas en contener este tema”, sostuvo el especialista en temas de seguridad, Roberto Orozco.[/doap_box]
Por casi dos horas el pequeño grupo que asistió al plantón, a gritos rechazaba las altas multas.
“NO ES POLÍTICA”
Los directivos de la Caravana Popular 2015 justificaron la división de la lucha porque sea revisada la Ley 431 Para el Régimen de Circulación Vehicular y sus reformas, aclarando que su protesta no es política.
Carlos Kabistán, presidente de la Caravana Popular 2015, dijo que la propuesta que hacen es la reducción de las multas, pues “son muy excesivas”. Por lo que plantean que “haya multas escalonadas, que se aplique conforme a la capacidad de pago de cada persona” y que el traslado de los vehículos al Depósito Municipal únicamente sea aplicado a las personas que conducen en estado de ebriedad y que no portan ningún documento sobre el automotor.
Mencionan como abuso policial que a un motociclista le cobren los 300 córdobas de la grúa, cuando no es utilizada.
“Hasta el cansancio se ha repetido que el endurecimiento de la ley no es un elementos disuasivo, ni preventivo de accidentalidad (…) más bien las multas incrementan los accidentes”, sostuvo el especialista en temas de seguridad, Roberto Orozco. La ley y el endurecimiento de las multas “son inefectivos”, dijo Orozco.
Y es que existe la percepción de que ha habido un repunte de los accidentes de tránsito en el país al iniciar el año. Sin embargo, el jefe de Prevención Vial, comisionado Edgard Sánchez, alegó de manera informal que los accidentes han disminuido en un dos por ciento aproximadamente. Pero rehusó brindar declaraciones de forma oficial.
Extraoficialmente LA PRENSA conoció que hasta el 13 de enero los más de 700 accidentes de tránsito registrados hasta ese período habían cobrado la vida de 22 personas.
A criterio de Orozco, los accidentes de tránsito son un fenómeno de la inseguridad ciudadana, por lo que criticó que Nicaragua sea promocionada como el país más seguro en la región.
Entre los señalamientos que hace Orozco, destaca que ningún sector, sea de la sociedad civil o gubernamental, ha estudiado a fondo el fenómeno de accidentalidad. En el mismo, dijo, deberán analizar desde el factor humano hasta los problemas ambientales, como el diseño de las calles, la cantidad de vehículos que cada vez aumenta en el país y la señalización de las vías.
A las altas multas por infracciones de Tránsito se suman los señalamientos de imposiciones de multas arbitrarias cuando los conductores se rehúsan supuestamente a pagar coimas, así como sobre la percepción de aumento en los accidentes.
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