Los ocho años en el poder de Daniel Ortega se han caracterizado por: el autoritarismo; el secretismo gubernamental; el irrespeto a la legalidad; el control sobre los otros poderes del Estado, el centralismo exacerbado; la galopante corrupción; y una desmedida paranoia a la protesta social.
Para Ortega, cualquier movilización o manifestación por pequeña que sea es concebida como una amenaza, pues teme sea el comienzo del fin. Ello explica la agresión a los manifestantes de las tarjetas TUC en el 7 Sur, jóvenes de OcupaINSS o los campesinos que defienden sus tierras por el supuesto proyecto canalero entre otros. El objeto de agredir estas manifestaciones, es justamente amedrentar y con ello evitar nuevas protestas, pero se diferencia de la represión gubernamental convencional por usar en estos actos a simpatizantes oficialistas que operan impunemente en presencia de la autoridad policial.
Esta forma de represión ha sido descrita por algunos sectores de la sociedad como terrorismo de Estado. Este concepto que surge desde la sociología y fue desarrollado principalmente en el cono sur y la idea parte de la utilización de métodos de intimidación a la población por parte del Gobierno como forma de control social.
Dentro de los métodos podemos encontrar no solo la agresión directa a manifestaciones, sino hechos como torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, persecución política de grupos, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
Pero el calificativo de terrorismo de Estado no es un concepto jurídico y sobre todo toma distancia del paradigma de los derechos humanos. Hablar de este fenómeno desde los derechos humanos no se limita a indicar una violación a la libertad de manifestación y el incumplimiento de la obligación general del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño causado por esta violación a los derechos humanos evitando de esta manera la impunidad.
Por su naturaleza, el Estado no es terrorista si no comete crímenes de Estado por medio de sus agentes, lo cual deriva en graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, que las modalidades que encierra la idea de terrorismo de Estado, en realidad y desde el punto de vista jurídico son crímenes de lesa humanidad.
La configuración del crimen de lesa humanidad requiere que haya un ataque sistemático contra población civil (excluye grupos beligerantes o grupos armados), pero ese ataque sistemático no es más que la existencia de una política de Estado destinada a asesinar, desaparecer, perseguir y torturar a personas, que puede ser incluso miembros de la oposición política.
Si Nicaragua suscribiera el Estatuto de Roma estaríamos protegidos contra estas graves violaciones a los derechos humanos y el funcionario que las cometiere podría ser juzgado por la Corte Penal Internacional.
Durante el 2014, nuestro país fue examinado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos conocido como Examen Periódico Universal (EPU). Nicaragua recibió unas treinta recomendaciones de los países miembros pidiéndole suscribiera el Estatuto de Roma, a lo cual el representante de nuestro país Carlos Robelo respondió descalificando a la Corte Penal Internacional, aduciendo que esta carece de independencia y está parcializada.
La estrategia gubernamental de reprimir cualquier protesta con grupos de choque y con una policía garantizándoles impunidad, puede resultar contraproducente para el régimen, ya que existen sectores que protestan por intereses legítimos como el acceso al transporte público, su pensión o sus tierras que son injustamente reprimidos. Estos sectores, normalmente sin conexión con los reprimidos de siempre pueden llegar a ser aliados circunstanciales eventualmente.
El autor es Maestro en Derechos Humanos.
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