Mujeres organizadas coinciden en que este año hubo un retroceso en materia de respeto a los derechos humanos de las mujeres con la emisión del decreto presidencial número 42 que reforma la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia, al reducir el ámbito del femicidio a las relaciones de pareja, olvidando el femicidio en el ámbito público.
El magistrado Rafael Solís explicó en septiembre pasado que el reglamento a la Ley 779 debe aplicarse de forma retroactiva cuando favorezca al reo, aunque no sea ley, “porque el término ley es genérico y cabe también para reglamentos”.
Al respecto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, dijo que la aplicación del reglamento a la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, aprobado mediante decreto presidencial, no lleva a la impunidad “porque si no es femicidio será asesinato”.
En este año los femicidios que fueron perpetuados en el momento que entraba en vigencia dicho reglamento fueron calificados por las judiciales como femicidios porque la pena era más atenuada que el asesinato.
[/doap_box][doap_box title=»» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]117 recursos por inconstitucionalidad fueron introducidos contra el decreto presidencial número 42 , de acuerdo con la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Este reglamento es el más recurrido en los últimos años.[/doap_box]
También introduce nuevas figuras en la cadena de la denuncia de la violencia intrafamiliar, creando los Gabinetes de Familia, obstaculizando más el acceso a la justicia a las mujeres, criticaron feministas.
“No fue un buen año en términos de respeto a los derechos humanos de la mujer porque el reglamento fue totalmente violatorio y emitido fuera de tiempo”, dijo Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres.
Para Elia Palacios, integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia, la preocupación es que el reglamento a la Ley 779 retoma el concepto de familia a cambio del sometimiento de la mujer a la violencia.
“Es una ruta a la muerte la que establece el reglamento, porque introduce la figura del Gabinete de Familia de la comunidad y quién será esa que quiera que el barrio se dé cuenta de su problema, lo que hará es aguantar los golpes y patadas del marido”, dijo Palacios.
SIGUE SIN PRESUPUESTO
Palacios también criticó la falta de presupuesto para emprender verdaderas campañas de prevención contra la violencia hacia las mujeres, contrario a los múltiples “árboles de la vida” que el Gobierno siembra por todo Managua.
“Que diga el presidente cuánto vale cada ‘árbol de la vida’ y cuánto vale su manutención, pero al parecer son más importantes que la vida de las mujeres”, agregó la feminista.
Por su parte, Solís también criticó las pocas denuncias de violencia contra la mujer que pasan a ser judicializadas, porque primero mandan a mediación que fue la primera reforma violatoria que hicieron a la Ley 779 a un año de su aplicación.
Además señaló las pocas sentencias condenatorias que hay contra femicidas, ya que la mayoría de agresores huye y la Policía no hace nada para capturarlos, porque no es prioridad.
“Quisieron tapar los femicidios reduciéndolos a relaciones de pareja, pero no pudieron porque la mayoría son hechos por parejas y exparejas”, dijo la abogada feminista.
El reglamento presidencial número 42 fue recurrido este año por más de mil personas con más de cien recursos por inconstitucionalidad presentados ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no han resuelto. “Es un rechazo histórico”, declaró Solís.
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