Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitó el martes que la justicia guatemalteca rechace la solicitud de amnistía presentada a favor del exdictador Efraín Ríos Montt ante el juicio por genocidio que deberá enfrentar en enero.
Según un comunicado de las organizaciones, no se puede conceder tal amnistía porque la sala de constitucionalidad no ha pedido estudiar el fondo del caso sino los motivos por los que no fue concedida antes.
La Sala de Apelaciones que revisará el caso quedó conformada el martes y tiene plazo hasta el 7 de enero para resolver.
Helen Mack, portavoz de las organizaciones de derechos humanos dijo que «esta es la prueba de fuego de las nuevas cortes electas para demostrar su independencia judicial, que tomaron posesión el mes pasado».
En octubre de 2013 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una resolución donde le ordenaba al tribunal que juzgaba el caso por genocidio contra Ríos Montt que ampliara los argumentos por los cuales fue rechazada la petición de amnistía hecha por los abogados defensores.
La amnistía reclamada por la defensa en favor de Ríos Montt se basa en un decreto-ley emitido por los militares cuatro días antes del restablecimiento de la democracia, el 14 de enero de 1986, cuando aún no llegaba a su fin el conflicto armado interno que afectó al país entre 1960 y 1996.
Edgar Pérez, el abogado de las víctimas, dijo «que por la gravedad de los hechos no puede aplicarse amnistía. En la jurisprudencia guatemalteca ha habido resoluciones que dicen que por caso de graves violaciones a derechos humanos no aplica la amnistía».
El abogado de Ríos Montt, Francisco Palomo, dijo que la Sala debe aplicarse la amnistía, que no tiene la excepción de ningún delito ocurrido desde marzo de 1982 hasta que entró en vigor la Constitución en 1986.
«Las organizaciones de derechos humanos lo que quieren es crucificar a Ríos Montt», dijo Palomo quien señaló que su defendido «por supuesto» va a participar en el debate oral.
Para el 5 de enero está previsto el reinicio del juicio por genocidio y deberes contra la humanidad contra el exdictador y su jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de ordenar la muerte de 1,771 indígenas ixiles en la región de Quiché, ubicada a al noroccidente del país.
Diez días después de haber sido condenado Ríos Montt a 80 años de prisión, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio.
