La contrapropaganda del Gobierno frente a las protestas contra el proyecto de Canal se han centrado en acusarnos a quienes reclamamos de peleles, enemigos del progreso, obviando que la gran mayoría de quienes han marchado por nuestras calles y caminos soñábamos con un gran Canal muy diferente al del proyecto orteguista.
Los nicaragüenses queríamos un Canal que fuera un proyecto nación, involucrando a todos y uniéndonos en aras de nuestra superación, impulsando un acelerado desarrollo de la nación y su mejoramiento ambiental, no queremos un proyecto que divide a la población por pretender únicamente el enriquecimiento del gobernante y de sus compadres y adláteres, pretendíamos que se ejecutara con total transparencia, brindando amplia información a los ciudadanos, nunca con secretismo, improvisaciones y triquiñuelas.
Aspirábamos a que la concesión para su diseño, construcción y operación fuera mediante concurso o invitación internacional, permitiendo la participación de los más importantes grupos económicos internacionales, nunca mediante su asignación directa a un oscuro personaje carente de idoneidad técnica y financiera para ejecutarlo, cuya participación ha generado serias dudas en la prensa internacional.
Pretendíamos que una importante participación en el capital de la concesionaria fuera ofrecido en suscripción pública con igualdad de oportunidades y no mediante la constitución de un entramado de empresas de maletín organizadas en diferentes paraísos fiscales.
El procedimiento que deseábamos debería precalificar a los interesados que demostraran su capacidad gerencial y económica, elaborándose un pliego de bases y condiciones que incluyeran los requerimientos de protección ambiental, nunca con el descuido y desprotección al medioambiente de que ha hecho gala el gobierno de Ortega.
El Canal que soñábamos estaría sujeto a un régimen especial de carácter conservacionista, regulándolo como áreas protegidas e incluiría la obligación del concesionario de invertir en el cultivo del agua mediante la reforestación de las más importantes cuencas de las áreas de influencia del Canal; marcando su construcción el inicio de una nueva cultura en el manejo ambiental, nunca el incremento de la depredación como los chinos acostumbran.
Muchos considerábamos impensable que se iniciara su construcción sin conocer y discutir ampliamente el estudio del impacto ambiental, obteniendo como cualquier proyecto el permiso ambiental de parte de las autoridades nicaragüenses.
En un Canal pensado con seriedad la concesionaria estaría obligada a otorgar una garantía de cumplimiento de orden financiero y de operación que asegurara una estricta ejecución del proyecto, obligándola además a depositar en el país los recursos necesarios conforme el avance de la obras, jamás comprometer a la inversa las reservas de la nación en beneficio de la concesionaria, es escandaloso que se pretenda inaugurar la construcción sin haber recibido en el sistema financiero los importantes recursos que se requieren.
La protección, defensa y vigilancia del gran Canal correspondería al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional, debiendo la concesionaria facilitar los medios y recursos necesarios, sin comprometer nuestra soberanía permitiendo, como se pretende, la instalación de bases extranjeras.
El derecho al trabajo de los nicaragüenses y la plena aplicación de la legislación nacional en el área geográfica del Canal debería haber sido un imperativo, limitándose la participación de extranjeros para aquellos puestos en que no existan nicaragüenses con la preparación apropiada, nunca como los chinos y Ortega procuran al crear un enclave con un tratamiento diferenciado al del resto del territorio.
El respeto de nuestra soberanía requería de una comisión del gran Canal con la autoridad, entereza y capacidad para defender nuestros derechos e imponer las correcciones necesarias, con posibilidad incluso de declarar caduca la concesión, nunca del remedo actual, en que los funcionarios nacionales más bien parecen serviles empleados del concesionario.
Y lo más importante, que los nicaragüenses que resulten afectados en sus propiedades fueran justamente indemnizados, de previo a iniciar las obras, pasando los inmuebles a ser propiedad del Estado, nunca de los chinos.
Pronto sabremos si el camino tomado por Ortega nos aleja o no del Canal, defraudándose una vez más nuestros sueños. Analizando los hechos es más que razonable pensar que lo que pudo haber sido no se quiso, tomándose únicamente en cuenta intereses mezquinos.
El autor es abogado.
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