La empresa del ex diputado liberal Enrique Quiñónez, Nicabus, reiniciará operaciones en el servicio de transporte de pasajeros entre Costa Rica y Nicaragua, este 19 de diciembre, luego de obtener permisos temporales de operación de parte de las autoridades costarricenses y 12 años después de haber salido de este mercado dominado por transportistas ticos.
Quiñónez, vía telefónica, indicó que su empresa realizará el primer viaje a las 4 de la mañana desde el centro de San José, donde tiene la terminal, hacia Managua. A partir del sábado tendrá dos viajes desde San José y dos más desde Managua durante las mañanas.
Nicabus operó este mercado de transporte de pasajeros, principalmente inmigrantes nicaragüenses, entre 1997 y 2002.
En noviembre de 2002 la Dirección General de Transporte Terrestre le canceló el permiso de operación porque, según el entonces director Yamil Quant, habría incumplido la ley al no presentar en 5 años al Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua el acta constitutiva de la empresa.
Pero Quiñónez aduce que la cancelación se debió a presiones políticas del gobierno de Enrique Bolaños en busca del voto 47 en el parlamento, para desaforar al ex presidente Arnoldo Alemán, en ese entonces también diputado.
Tras dos años de polémica con las autoridades costarricenses, la semana pasada el Consejo de Transporte Público (CTP) del Ministerio de Obras Públicas y Transporte otorgó permisos temporales por tres meses a Nicabus, mientras da paso a que la empresa complete requisitos para obtenerlo de manera permanente.
Los permisos temporales a Nicabus se da en medio de otra polémica generada en Nicaragua, por sanciones del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) a las empresas ticas Transnica y Ticabus.
Estados dos empresas y Quiñónez dicen desconocer que las sanciones se deben a los atrasos en los permisos ticos otorgados a Nicabus.
Similar opinión tiene el director del CTP, Mario Zárate, quien cree que si hay elementos de carácter políticos en las decisiones del MTI, en virtud de la buena fe y en principio de reciprocidad debería cesar sanciones a las empresas costarricenses.
