El desorden que se ha creado en la tramitación de solicitudes y obtención de cédulas es culpa del Consejo Supremo Electoral (CSE), y en particular del presidente inconstitucional Daniel Ortega quien ejerce un control total sobre ese y todos los demás poderes y entes estatales y gubernamentales.
Como es bien sabido, el 31 del presente mes de diciembre perderán validez las cédulas que habían vencido pero fueron prorrogadas mediante reformas a la Ley de Identificación Ciudadana. Y según informó uno de los magistrados orteguistas del CSE, más de un millón de nicaragüenses se encontraban a principios de diciembre de este año sin cédulas, o las que tienen vencen el 31 de diciembre.
Con la intención de ayudar a los ciudadanos que enfrentan esta situación, la bancada legislativa del Partido Liberal Independiente (PLI) presentó en la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para prorrogar por un tiempo más la validez de las cédulas a punto de vencer. Sin embargo, el CSE y la bancada del FSLN rechazaron de plano la iniciativa opositora y culparon a los ciudadanos por no tener sus cédulas o dejar que llegara la fecha de su vencimiento. Y sin ninguna consideración, los condenaron a pagar de inmediato los trescientos córdobas que el CSE ha impuesto como precio de cada cédula, so pena de quedar en situación de muerte civil.
En realidad, según establece la Ley de Identificación Ciudadana en su artículo 4, la cédula no solo es válida para votar en las elecciones. También es indispensable para realizar otros 12 actos civiles: para tomar posesión de cargos y empleos públicos; para celebrar contratos de trabajo; para obtener o renovar pasaporte, licencia de conducir, carné del Seguro Social y cédula de contribuyente; para recibir pagos o giros del Estado, los municipios o las instituciones autónomas; para realizar operaciones bancarias; para solicitar inscripciones del estado civil de las personas, de propiedades inmuebles, de registros mercantiles y propiedad industrial y hacer trámites en cualquier institución pública; para concurrir ante notario; para casarse o divorciarse; para matricular hijos o pupilos en los centros de estudio públicos y privados, lo mismo que en los centros de enseñanza superior; para realizar cualquier gestión ante los organismos judiciales y demás entes estatales, regionales y municipales. Además, como para confirmar el control total del Estado sobre la persona y el ciudadano, la cédula de identidad puede ser requerida para cualquier otra cosa que se le ocurra a la burocracia civil y militar.
Quien no tiene cédula está muerto civilmente, no es ciudadano, no tiene derechos ni es persona humana, lo cual constituye una verdadera monstruosidad.
La cédula de trescientos córdobas es un gran negocio del CSE. Pero si la acreditación para votar es solo una de las trece funciones que tiene la cédula según la Ley, su emisión no debería estar a cargo del CSE (ente corrupto y desacreditado ante la ciudadanía), sino de un Instituto Nacional de Cedulación, autónomo, independiente de los partidos y los cabecillas políticos.
Quitar la función cedulatoria al CSE y crear el Instituto de Cedulación autónomo, es una tarea que debe cumplir el nuevo gobierno democrático que inevitablemente reemplazará al actual régimen dictatorial y corrupto.
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