Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de ese país retomaron ayer sus negociaciones tras superar la mayor crisis del proceso de paz, que fue suspendido por el presidente Juan Manuel Santos por la captura, por parte de la guerrilla, del general Rubén Darío Alzate el 16 de noviembre, liberado el 30 de ese mes.
Este trigésimo primer ciclo de pláticas, que se prolongará hasta el 17 de diciembre, estará destinado a avanzar en el “desescalamiento del conflicto” armado, según dijeron las partes el 3 de diciembre, cuando acordaron volver a la mesa de negociaciones, tras la liberación de Alzate.
Además, las partes deben avanzar en el tema de la reparación de las víctimas del conflicto armado de medio siglo, que ha dejado 220,000 muertos y 5.3 millones de desplazados, según cifras oficiales. Una quinta y última delegación de 12 víctimas entregará su testimonio ante los negociadores el 16, con el fin de que sus demandas se plasmen en un eventual acuerdo de paz.
El jefe negociador del Gobierno, el exvicepresidente colombiano Humberto de la Calle negó que las FARC hubiesen exigido dinero de las regalías petroleras para retomar el proceso de paz, al desmentir una versión difundida en Twitter el domingo por el expresidente derechista Álvaro Uribe, un crítico del proceso de paz.
Uribe replicó publicando otros ‘tuits’, entre ellos uno que decía: “¿Será mentira que FARC y otros terroristas son promotores, extorsionistas y beneficiarios de minería ilegal?”. Anteriormente, el exmandatario derechista (2002-2010) ha divulgado informaciones reservadas sobre el proceso de paz que luego han sido confirmadas por las autoridades.
Por su parte, las FARC reiteraron que no han cometido crímenes de “lesa humanidad” ni infringido el “derecho internacional humanitario”, por lo que sus dirigentes “no podrán ser penalizados”.
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