Organizar partidos políticos y participar en ellos es un derecho básico de los ciudadanos. Es normal, entonces, que surjan partidos y que algunos perduren mientras otros desaparecen. Lo anormal es que haya una desmedida cantidad de partidos, sobre todo cuando en su mayor parte no llenan los requisitos políticos y legales indispensables.
Según el funcionario del Consejo Supremo Electoral (CSE) que atiende la oficina correspondiente, actualmente existen 17 partidos políticos de los cuales 12 son nacionales y cinco regionales (o sea de las dos regiones autónomas del Caribe) que tienen personería jurídica. Y otros 17 están tramitando su inscripción legal.
Pero no puede ser cierto que todos los 17 partidos que están legales y los otros 17 que esperan reconocimiento, sean en realidad partidos políticos. Solo de manera convencional se les puede llamar partidos, de acuerdo con la definición común de que partido político es cualquier grupo de personas que se juntan para participar de manera organizada en la vida política, con base en determinados principios y objetivos comunes contenidos en un programa de acción política y gubernamental.
No obstante, para ejercer los derechos de un partido político — por ejemplo presentar candidatos en las elecciones— se deben llenar los requisitos señalados en la Ley Electoral. Y en primer lugar tener juntas directivas en todos y cada uno de los quince departamentos, las dos regiones autónomas y los 153 municipios del país, cuyos miembros deben ser elegidos en asambleas supervisadas por inspectores del CSE. Además, cada partido debe constituirse mediante escritura pública, tener un nombre que lo diferencie claramente de los otros, no usar los colores azul y blanco ni las palabras Nicaragua y patria, y tampoco enarbolar la Bandera Nacional en sus manifestaciones, tener un programa, declaración de principios y estatutos, etc.
Ahora bien, se conoce que no todos los 17 partidos que supuestamente existen legalmente tienen militancia ni directivas en la totalidad de los departamentos, regiones y municipios de Nicaragua. Ese requisito solo lo llena el oficialista FSLN y con dificultad los dos partidos liberales que se llaman PLC y PLI. Y no es creíble que los otros 17 partidos que están pendientes de autorización legal cumplan esa condición legal indispensable.
En realidad, salvo honorables excepciones, la mayor parte de los cabecillas de los numerosos grupos y siglas políticas que hay en el país lo que buscan es aliarse o mantenerse en alianza con el partido mayor, ya sea el gobernante FSLN o los dos partidos liberales “fuertes”, para tratar de obtener o mantener algunos cargos de representación o puestos burocráticos presupuestados.
En el caso de los partidos de oposición, o que se identifican como tales, la verdad es que por ahora no tienen ninguna posibilidad de ganarle las elecciones al Frente Sandinista, ni unidos ni por separado. Sus dirigentes tienen que saberlo, de manera que a lo más que pueden aspirar es a conseguir algo del tercio de representación en la Asamblea Nacional que el orteguismo estará dispuesto a conceder a los que participen en la comedia electoral que se montará en noviembre de 2016.
Solo en el caso de que antes de esa fecha hubiese un cambio sustantivo de las reglas electorales, como las hubo en 1989, es que podría haber una expectativa diferente para los partidos de oposición verdaderos y falsos.
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