María Telumbre conoce el fuego. Se dedica a hacer tortillas en una cocineta de carbón y la experiencia le dice que cocinar un chivo lleva cuatro horas. Por eso, se niega a creer en la explicación del Gobierno de que integrantes de un cartel incineraron a su hijo, Christian Rodríguez Telumbre y a otros 42 estudiantes desaparecidos en una gigantesca hoguera, lo que habría borrado cualquier huella que identifique los cadáveres.
“¿Cómo es posible que en 15 horas hayan quemado a tantos jóvenes, los hayan puesto en bolsas y los tiraran al río?”, dice Telumbre. Para ella, el hallazgo de dientes calcinados y fragmentos de hueso no son una prueba convincente y tienen el mismo valor que las fosas clandestinas descubiertas en el estado de Guerrero desde que los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre.
El escepticismo de la familia Rodríguez tiene su origen en la colusión entre autoridades y el crimen organizado. Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron vistos por última vez cuando la Policía de la ciudad de Iguala los detuvo, presuntamente por órdenes del alcalde. El Gobierno Federal tardó diez días en intervenir y cuando lo hizo, dicen los padres, las autoridades se concentraron en descubrir tumbas clandestinas en lugar de buscar a los estudiantes vivos, por eso solo han encontrado las fosas.
“Los tendrán por allá escondidos, pero tengo la esperanza que cualquier día los van a soltar”, dice Rodríguez, insistiendo en que su hijo aún está vivo.
Guerrero es un estado violento con un historial de revueltas armadas y en cuya economía, el cultivo de marihuana y amapola son un factor importante.
La familia Rodríguez vive lejos de los lujosos centros vacacionales de Acapulco e Ixtapa, en una zona agrícola cercana a la Normal. Rodríguez vende agua embotellada y su esposa vende las tortillas. La casa es un solo cuarto dividido con cortinas y construida de adobe, que comparten sus tres hijas, la madre de Rodríguez, y hasta hace poco, Christian.
10,000 policías federales y decenas de investigadores forenses se unieron a la búsqueda de los normalistas tras su desaparición. El Gobierno ofreció una recompensa de 112,000 dólares a quien informara sobre el paradero de los estudiantes.
EL CALVARIO
La noche del 26 de septiembre comenzó el calvario de los padres de Christian y otros padres cuyos hijos habían ido a Iguala a recaudar dinero para la normal.
La Policía disparó contra los buses que se tomaron por la fuerza y dejaron 6 muertos, uno de ellos fue encontrado al lado de la carretera, le habían arrancado la piel de la cara y le habían sacado los ojos, una marca de los asesinatos cometidos por los narcos.
Los padres buscaron información en varias entidades. Siguieron pistas que los llevaron a cuevas oscuras y a una hacienda abandonada donde se decía que el cartel Guerreros Unidos, los tenía prisioneros. El 7 de noviembre el fiscal general Jesús Murillo Karam detalló cómo fueron asesinados los estudiantes, según confesiones de detenidos del caso. Los jóvenes fueron llevados a un basurero cerca de Cocula en camionetas tan atestadas que 15 murieron de asfixia.
Los sospechosos sostienen que los estudiantes fueron asesinados allí y que los asesinos apilaron sus cuerpos y encendieron una enorme fogata que ardió durante 15 horas. Luego metieron los restos pulverizados en bolsas que lanzaron al río.
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