El jurista Alfonso Dávila Barboza opinó que, aunque los diputados no estén protegidos por la inmunidad en casos de demandas laborales o de pensión alimenticia, el problema de la impunidad persiste porque el sistema judicial nicaragüense es frágil frente a las influencias de los políticos.
Dávila Barboza no duda de que las leyes del país, como el Código Procesal de lo Laboral y el Código de Familia, están correctamente elaboradas y que existen funcionarios judiciales honestos, con mucha lealtad y buena fe, pero sobre estos últimos indicó que obedecen a superiores.
Tengo temores que este código (laboral y de familia) pueda ser burlado por los diputados demandados, por intereses políticos y respaldo de funcionarios de nivel superior que recomiendan poner obstáculos a lo solicitado por los demandantes, entre ellos, aplazar las audiencias y darle cabida a la recusación y a la implicancia, expuso Dávila Barboza.
El jurista recomendó a los funcionarios judiciales que se respeten y que hagan respetar las leyes. La política puede marginar los principios señalados en el código en cuestión, por lo que se recomienda que los jueces de lo laboral se respeten y respeten lo escrito (la ley), finalizó Dávila Barboza.
La diputada opositora María Eugenia Sequeira es de la opinión de que los funcionarios públicos no deben tener inmunidad de ninguna clase, porque todas las personas son iguales ante las leyes y considera que ninguna persona debe ser tratada con privilegios por ser funcionario público.
La reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional (Ley 606) aprobada el miércoles en sesión plenaria, dejó establecido que los diputados perderán su inmunidad cuando sean demandados o acusados por faltar a los derechos familiares y laborales.
Si un diputado es denunciado o demandado en materia de investigación de paternidad no procede la inmunidad, fue un caso mencionado como ejemplos por el diputado Carlos Emilio López, para explicar el alcance de la ley. También los diputados pierden su inmunidad en casos de derechos laborales.
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