De ahora en adelante, el diputado que se cambie de la opción política en la cual fue electo será destituido de su cargo. Este es uno de los nuevos mandatos que quedaron establecidos con la reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea (Ley 606), aprobada ayer solo con los votos de la bancada mayoritaria del Frente Sandinista (FSLN).
Los diputados opositores de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) rechazaron esta reforma por ser una adaptación de las reformas constitucionales, que también repudiaron cuando fueron aprobadas en enero de este año 2014 y que eliminó la prohibición a la reelección presidencial consecutiva.
La reforma fue aprobada el martes en lo general y ayer en lo particular. El diputado opositor Armando Herrera expresó el martes, durante el debate en el plenario, que destituir a un diputado por cambiar de opción política es un “retroceso democrático”, porque es como “castigar el criterio y la libertad de opinión de los legisladores”. Herrera mencionó las destituciones de los diputados Xochilt Ocampo y Agustín Jarquín Anaya, quienes eran de la bancada del FSLN y en diferentes momentos mostraron su desacuerdo con las decisiones de su bancada.
El diputado independiente Santiago Aburto expresó ayer la posibilidad de que ahora los diputados independientes sean defenestrados cuando se quieran separar de su bancada.
Aburto manifestó que ese podría ser el caso de la diputada Licet Montenegro, quien actualmente tiene diferencias con los diputados de su bancada; también de los diputados del partido indígena Yatama, quienes se retiraron de la bancada del FSLN; del diputado Mauricio Montealegre y de él mismo por separarse de la Bapli.
MOCIÓN RECHAZADA
Durante la aprobación particular de la reforma a la Ley 606, Aburto propuso una moción para que se elimine el numeral 8 del artículo 21 de la reforma, que está vinculado al artículo 131 de la Constitución Política, el que precisamente establece la destitución de los diputados. La moción fue rechazada por la presidenta en funciones del parlamento, Iris Montenegro, quien dijo que el artículo es de rango constitucional y no se puede eliminar.
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