El caso de Salvador Montenegro Guillén ha puesto al descubierto la realidad de que ya no hay autonomía universitaria en Nicaragua.
Montenegro, quien hasta el viernes 7 de noviembre era director del Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos, de la UNAN-Managua (CIRA-UNAN), fue destituido de hecho de ese cargo porque advirtió que la construcción del Canal Interoceánico podría dañar gravemente el medioambiente, en particular los preciosos recursos acuáticos del país.
“Lamentablemente se ha perdido la objetividad científico-técnica y por esa razón se prohibió que este servidor hablara de los riesgos que implicaría el Canal Interoceánico”, declaró a LA PRENSA el mismo Montenegro, quien por más de cuarenta años ha ejercido la docencia en la principal universidad pública de Nicaragua.
El cargo de director del CIRA-UNAM es electivo, de manera que su sustitución por medio de una elección no es en sí misma una arbitrariedad. Sin embargo, la elección por medio de la cual se sustituyó a Montenegro no ha sido un acto autónomo, ni transparente, ya que agentes del partido oficial y del Gobierno presionaron a los electores para que votaran contra él. Luego el Consejo Universitario de la UNAN menospreció la impugnación que presentó Montenegro por las “presiones de operadores políticos externos” sobre los votantes.
De acuerdo con la ley, el Gobierno no debe intervenir en asuntos internos de la universidad pública, la cual es autónoma por mandato constitucional. “Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior gozan de autonomía académica, financiera, organizativa y administrativa, de acuerdo con la Ley”, dice la Constitución de Nicaragua en el artículo 125, el cual agrega en su párrafo quinto que “se garantiza la libertad de cátedra. El Estado promueve la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, la tecnología, las artes y las letras y garantiza y protege la propiedad intelectual”.
A esto se refiere Montenegro, sin duda, al decir que “se ha perdido la objetividad científico-técnica” en la universidad y por eso ha sido virtualmente echado de su cargo por sostener criterios académicos y profesionales.
Pero la verdad es que la autonomía universitaria dejó de ser una realidad desde que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial en 2007 y comenzó a restaurar, con algunas variantes oportunistas, el poder autoritario que ejerció en los sombríos años ochenta. Incluso, para hacer ostensible su desprecio a la autonomía universitaria Ortega nombró en 2011, como su jefe de campaña electoral departamental al rector de la Universidad Nacional Autónoma de León, quien en vez de rechazar el cargo por dignidad profesional más bien se declaró miembro muy disciplinado del partido gobernante.
En el papel de la Constitución se dice que son autónomas las universidades públicas, las alcaldías y los gobiernos regionales del Caribe. Pero en la práctica todas estas instituciones están sometidas a Daniel Ortega, igual que el Ejército, la Policía y los poderes del Estado, que supuestamente son independientes.
La recuperación de las autonomías sobre las cuales se sustenta la auténtica democracia es una tarea que tendrá que cumplir un nuevo gobierno democrático, que tarde o temprano se tendrá que instaurar en el país.
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