La Asamblea Nacional de Nicaragua se ha convertido en un órgano donde las iniciativas de ley solo “cumplen el trámite formal que exige el proceso de consulta, pero los sandinistas no admiten mociones, ni cambios”, quitándole a este poder del Estado su carácter de ser un espacio de debate político, asegura el exdiputado liberal, José Pallais Arana.
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Los diputados del gobernante Frente Sandinista representan la mayoría absoluta en la Asamblea, con 64 votos, frente a la bancada opositora, integrada por 22 diputados, más otros cuatro que se declaran independientes, para un total de 91 legisladores.
Esta semana llegó a la Asamblea el ministro de Transporte e Infraestructura, Pablo Fernando Martínez, para ser consultado sobre la propuesta de Ley Anual del Presupuesto General de la República 2015. Un periodista le preguntó al funcionario qué había sugerido cambiar y la respuesta de Martínez fue: “Ningún cambio se le puede hacer al Presupuesto, porque ya fue enviado por el Gobierno”.
Sin embargo, el artículo 112 de la Constitución Política establece en el párrafo 2 que la Asamblea puede modificar el proyecto de Presupuesto enviado por el presidente.
El diputado de la opositora Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli), Luis Callejas, cree que la independencia de la Asamblea se terminó con el gobierno de Daniel Ortega, inconstitucionalmente reelecto en el 2011.
Callejas preside la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, integrada por diez diputados del FSLN y cuatro de la Bapli. “Aunque el presidente de la Comisión sea del PLI, los sandinistas siempre evitan que se hagan cambios en las leyes que envía el ejecutivo”, asegura Callejas.
«Aquí hay una dirección vertical del partido gobernante (FSLN). Los diputados no consultan, no valoran (las leyes); solo les dan órdenes”. José Pallais Arana, exdiputado liberal ante la Asamblea Nacional.
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