En los primeros meses del próximo año podrían estar listas las propuestas de reforma al Código Procesal Penal y al Código Penal de Nicaragua que actualmente están bajo consulta por parte de las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Así lo manifestó el magistrado del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias, Roberto Petray, quien está participando en la discusión de la modificación de los códigos.
Con esta reformas se pretende modernizar más la justicia, incorporar los tipos penales que están dispersos en diferentes leyes como la de lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, la trata de personas, terrorismo y hasta la ley 779 para hacer más ágil la justicia.
En Nicaragua los crímenes de mayor relevancia que tienen que ver con la muerte violenta y crimen organizado representan el veinte por ciento de las 175,000 denuncias que se generan en Nicaragua.
Pero un factor que se puede destacar actualmente es que de las 175,000 denuncias solo 130,000 pasan a los jueces, porque las otras no llegan ni a la Policía ni al sistema judicial porque son resueltas por los cuatro mil facilitadores judiciales que hay en el país.
Este comportamiento está siendo estudiado por los que discuten los códigos y se espera fortalecer la práctica, refirió Petray, quien también agregó que el objetivo es fortalecer la justicia para evitar que nuestro país sea afectado por situaciones que enfrentan actualmente otros países de Centroamérica como Honduras, Guatemala y El Salvador.
Pero además la discusión de la reforma a los Códigos fue un acuerdo de los presidentes ante el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para fortalecer las respuestas frente a los ataques del crimen organizado, que se ha especializado en usar diferentes máscaras, incluyendo las institucionales.
Actualmente solo las personas naturales responden ante los jueces y con la reforma también responderán las personas jurídicas, es decir que la Policía tendrá que tecnificarse para hacer las investigaciones a empresas o sociedades anónimas que estén financiando al crimen organizado.
Un aspecto que está siendo bien estudiado es el manejo de la información y fuentes de datos, ya que actualmente muchas de las empresas como las telefónicas que manejan cantidades de datos de los nicaragüenses tienen su sede de operaciones centrales en otros países como Guatemala y Panamá.
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