El canciller venezolano Rafael Ramírez rechazó el viernes el pronunciamiento que realizó un grupo de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas a favor de la liberación de un dirigente opositor detenido, y consideró la resolución como una injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
«Así como le dijimos al Departamento de Estado que no se inmiscuya en nuestros asuntos se lo decimos a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución», dijo Ramírez en conferencia de prensa al objetar una resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que consideró que el líder opositor Leopoldo López es víctima de una «detención arbitraria» y que pidió su liberación, según documento que difundieron esta semana los abogados del dirigente detenido.
El canciller indicó que el proceso judicial de López, quien está detenido desde febrero en una cárcel militar a las afueras de Caracas, «tiene su curso en el marco de nuestras leyes», y se está desarrollando en función de unos hechos de violencia que ocurrieron en meses pasado en el país. «Estos señores están en procesos de juicio (en) los cuales no podemos intervenir», agregó.
Ramírez dijo que Venezuela responderá oficialmente a las opiniones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. El líder opositor enfrenta desde hace tres meses un juicio sin que se le haya permitido hasta el momento a su defensa la presentación de pruebas ni testigos.
El caso de López tuvo el mes pasado resonancia internacional luego que el presidente estadounidense, Barack Obama, pidió la liberación del dirigente venezolano durante un discurso que ofreció en la Iniciativa Global Clinton organizada por el exmandatario Bill Clinton en Nueva York.
López, de 43 años, fue acusado en abril por la Fiscalía General de los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. El dirigente es señalado de promover unos hechos violentos en el centro de Caracas que ocurrieron luego que la oposición realizó una multitudinaria manifestación contra el gobierno el 12 de febrero.
De ser declarado culpable de los cuatro cargos el dirigente del partido opositor Voluntad Popular podría enfrentar una condena de 13 años, 9 meses y una semana de prisión, según estimaciones de la Fiscalía General.
