Manifestaciones de rabia y solidaridad se convocaron a lo largo del país, desde Acapulco, en Guerrero hasta Chiapas, donde se unieron miles de miembros de la guerrilla indigenista EZLN. LA PRENSA/EFE/JOSÉ MÉNDEZ

Mexicanos piden justicia

Decenas de miles de mexicanos marcharon ayer para exigir que se encuentre a los 43 estudiantes desaparecidos en ataques de la Policía y sicarios y para solidarizarse con sus familiares, algunos de los cuales marcharon en la capital bañados en lágrimas. “¡No están solos!”, clamaron en las calles de Ciudad de México al paso de los padres de las víctimas, protegidos por un cerco de estudiantes.

43 aniversario

Decenas de miles de mexicanos marcharon ayer para exigir que se encuentre a los 43 estudiantes desaparecidos en ataques de la Policía y sicarios y para solidarizarse con sus familiares, algunos de los cuales marcharon en la capital bañados en lágrimas. “¡No están solos!”, clamaron en las calles de Ciudad de México al paso de los padres de las víctimas, protegidos por un cerco de estudiantes.

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El gobierno de Enrique Peña Nieto afronta una creciente presión para esclarecer las desapariciones ocurridas el 26 de septiembre. La ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos reclamaron a México que llegue al fondo de este caso.

Centenares de miembros de un grupo de autodefensa de la región empezó ayer su propia búsqueda, aparentemente desarmado.

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“Venimos a exigir justicia y que nuestros compañeros aparezcan vivos”, dijo uno de los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, de la empobrecida región de Guerrero a la que pertenecían los desaparecidos, casi todos de entre 18 y 21 años.

La manifestación fue todavía mayor en Chilpancingo, la capital de Guerrero, donde más de 20,000 personas marcharon junto a compañeros de los estudiantes y bloquearon parcialmente la autopista que desemboca en Acapulco.

Las autoridades son cuestionadas por no haber actuado antes frente a los nexos con la criminalidad del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, cuyos policías colaboraron con narcotraficantes en unos tiroteos contra los estudiantes que precedieron a su desaparición.

Aunque dos sicarios confesaron haber matado a 17 alumnos en el lugar donde se hallaron 6 fosas clandestinas, las familias se resisten a creer que sus hijos estén muertos y denuncian que están en manos de policías locales fugitivos.

Mientras, crecen las sospechas contra Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, prófugos tras las balaceras. La noche del ataque, policías y sicarios del cártel Guerreros Unidos dispararon contra buses de los que se habían adueñado los estudiantes, que habían estado pidiendo fondos en Iguala, para regresar a su escuela de Ayotzinapa, conocida por sus radicales acciones políticas.

Un reporte del servicio de inteligencia, citado por el diario El Universal señaló que Pineda ordenó al director de Seguridad Pública municipal reprimir a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que debía pronunciar ese día.

Dos hermanos de Pineda estaban en 2009 en la lista de los narcotraficantes más buscados como cabecillas del cártel de los Beltrán Leyva, del cual surgieron los Guerreros Unidos.

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