El Ministerio Público se opuso a que un tribunal de jurado conociera y resolviera el delito de asesinato por el cual están acusados 9 de los 12 procesados por el caso conocido como la masacre del 19 de julio, donde fallecieron cuatro personas y más de veinte resultaron lesionadas, argumentando que es el juez técnico Edgar Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, quien debe resolver todo el asunto.
Además solicitó la audiencia previa al juicio de forma privada, es decir, sin la presencia de los medios de comunicación y los familiares de los procesados, según se informó ayer a través de la oficina de prensa de los juzgados capitalinos, aunque desconocen los argumentos del porqué la privacidad.
En la oposición al jurado, la Fiscalía argumentó la complejidad del caso, el principio de atracción jurídica de que “quien conoce lo más conoce lo menos” y lo establecido en el artículo 3 numeral 7 de la Ley 735 o Ley de Crimen Organizado, donde dice que el asesinato está incluido entre los delitos de crimen organizado y por tanto debe ser conocido por un juez técnico.
Sin embargo, las defensas de Wilfredo Balmaceda, Leonel Poveda Palacios, Pablo Martínez Ruiz, Eddy Gutiérrez Delgadillo, Rosendo Huerta González, Zacarias Cano, José Cortez Dávila, Marvin Sequeira y Jairo Obando Delgadillo todos acusados de conspiración, proposición, crimen organizado, asesinato, daños y lesiones gravísimas, criticaron que se están violando los derechos de los procesados de elegir en igualdad de condiciones a ser sometido a juicio por jurado.
“Este no es un delito de narcotráfico para que invoquen la Ley 735. La ley 745 o Ley de Ejecución y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal, en su artículo 44 establece cuáles son los delitos conocidos por juez técnico y no incluye el asesinato, por eso querían reformar recientemente ese artículo en la Asamblea Nacional para incluirlo, pero no lo han aprobado”, dijo Marlon Aburto, abogado de Eddy Gutiérrez.
Aburto se preguntó: “¿Cuál es el miedo que tiene la Fiscalía a que el pueblo juzgue estos hechos?” También afirmó desconocer la petición de audiencia privada de parte de la Fiscalía.
“Nosotros no tenemos nada que esconder, todo lo que se diga y haga en esa audiencia debe ser pública, porque es un caso de interés nacional”, dijo Aburto.
El Ministerio Público rechazó el uso de tribunal de jurado a través de un recurso de reposición, del auto dictado el 2 de septiembre por el juez Edgar Altamirano, donde notificó la radicación de la causa y la convocatoria a juicio mixto (jurado y juez técnico) y ordenó que convocaran a los miembros del jurado con 24 horas de antelación al juicio programado para hoy.
La muerte de las 4 personas se dio aproximadamente entre las 9:00 p.m. y 11:00 p.m. en distintos puntos del norte de Nicaragua (en Ciudad Darío y San Ramón, ambos de Matagalpa), después del ataque con piedras y balazos a los buses de la caravana sandinista que regresaban de Managua de celebrar el 35 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.
De acuerdo con la última cédula judicial notificada el primero de octubre, el juez Altamirano antes de la audiencia de juicio resolverá un incidente de nulidad por defecto absoluto promovido por el abogado Carlos Baltodano, quien defiende al primer grupo conocido como “los tirapiedras” y también resolverá la solicitud de la Fiscalía respecto al rechazo del jurado de conciencia.
Fiscalía quiso negociar
Ocho días antes de comenzar el juicio contra los 12 procesados por supuestamente participar en la masacre del 19 de julio, donde fallecieron cuatro personas y más de veinte resultaron lesionadas, el Ministerio Público citó a los cuatro abogados defensores y les propuso eliminar testigos a cambio de que ellos acepten la reunión de Tipitapa, entre otros peritajes.
En una estrategia poco usual, la Fiscalía se reunió el pasado 17 de septiembre con los abogados y les ofreció eliminar las pruebas testimoniales de las víctimas con lesiones leves a cambio de que ellos dieran como hecho los peritajes médicos, peritajes trazológicos, peritajes químicos, balística y de huellas dactilares, que prácticamente incriminan a los procesados, pero todos se opusieron a aceptar las pretensiones del Ministerio Público.
A la reunión llegó el fiscal Douglas Vargas, inspector general de la Fiscalía, pero luego dijo que la reunión la harían con la fiscal María del Socorro Oviedo, quien lleva el caso.
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