El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha rechazado la pretensión de los diputados del Gobierno en la Asamblea Nacional, de dictar un nuevo impuesto para financiar la aplicación de una ley contra la trata de personas que se encuentra actualmente en proceso de formación.
“Este no es un tema de que el sector privado no quiera dar, sino que ya no puede dar”, expresó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien informó que solo en el curso del presente año los empresarios están aportando unos ochocientos millones de córdobas más en impuestos y otras cargas fiscales para financiar proyectos sociales y gasto burocrático del Estado. Y mencionó específicamente el líder empresarial el incremento de la cuota patronal al Seguro Social, la elevación del salario mínimo, el aumento al impuesto de salida por el uso de terminal aérea, la contribución a la Ley de Transformación de la Caficultura y al fondo nacional de prevención de incendios, etc. “Le corresponde al Estado que está recibiendo todos estos millones adicionales de parte del sector privado que sepa cómo distribuir y entregar estos recursos a los temas sociales que son más sentidos”, declaró con justa razón el presidente del Cosep.
Pero no es solo mediante la carga tributaria cada vez más onerosa que el sector empresarial privado aporta recursos al Estado y contribuye a los programas sociales. La empresa privada es la única generadora de riqueza, la principal creadora de empleos y la que aporta la mayor parte del Producto Interno Bruto anual de Nicaragua.
Los que mandan en el Gobierno deberían conocer, o recordar, pero sobre todo tomar en cuenta, el antiguo y sabio refrán español de que al amigo y al caballo no hay que apretarlos demasiado, el cual hemos tomado para título del presente comentario editorial. El Gobierno debe entender que no debe seguir agobiando a la empresa privada —con la cual ha logrado establecer una buena relación de diálogo, amistad y cooperación— con tantas cargas impositivas cuyo principal efecto negativo no es la reducción de utilidades empresariales sino el desaliento de la inversión y de la actividad económica nacional.
En realidad, si en términos generales la actual situación económica de Nicaragua se puede estimar como buena o regular, o al menos no está peor que en otros países, esto se debe al esfuerzo y el aporte de la empresa privada. Es cierto que ha sido muy positivo —y es necesario reconocerlo—, el hecho de que el presidente inconstitucional Daniel Ortega y su partido FSLN ahora que nuevamente detentan el poder no han cometido las mismas torpezas contra la empresa privada y la economía libre de mercado que cometieron durante la revolución sandinista socializante de los años ochenta.
Desde la reforma constitucional democrática de 1995 el rol determinante de la empresa privada y la economía de mercado está reconocido en la Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 99, y el entendimiento y la cooperación entre el actual Gobierno y los empresarios han sido proclamados como política de Estado y elevados a rango constitucional. Pero no puede haber entendimiento ni la economía puede gozar de buena salud si el Gobierno sigue exprimiendo a la empresa privada con más e injustificables cargas impositivas.
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