Leonor Álvarez
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), Bosco Vivas Robelo, llegó ayer en la tarde a la Asamblea Nacional en calidad de encargado de la Pastoral Familiar, para reunirse con el jefe de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista (FSLN), Edwin Castro.
Monseñor Vivas dijo al salir de la reunión que “hay interpretaciones” que se deben “aclarar en algunas afirmaciones de las leyes”, en alusión al Reglamento de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), que provocó la disconformidad de parte de los obispos, debido a que integra a los “religiosos” y a las “pastorales familiares” como “auxiliares” de la Policía y del Ministerio Público.
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Vivas dijo que los obispos deben “tomar decisiones de cómo proceder en la cooperación con el Gobierno en el campo familiar” y también dejó claro que no quieren ser considerados una institución “que se plega” al Gobierno, “sino como una institución que tiene una experiencia de siglos y que podría servir incluso al mismo Gobierno en la elaboración de las leyes”.
Por su parte, el diputado Edwin Castro aceptó que las preocupaciones de la Iglesia son “legítimas” y dijo que están “abiertos” a nuevos encuentros como una “cuestión de amigos”.
“Nosotros estamos totalmente de acuerdo de que no debe ser nada obligatorio y ya se los dijimos, nosotros como Gobierno nos queremos apoyar en la experiencia de la Iglesia y eso lo han entendido”, dijo el diputado sandinista.
Castro agregó que la Asamblea y la Iglesia van a buscar el fortalecimiento de la familia y la defensa de la vida en la leyes del país.
El pasado 3 de septiembre los obispos de la CEN anunciaron que pedirían a la Asamblea Nacional una explicación sobre la inclusión de los religiosos en el Reglamento de la Ley 779.
Monseñor René Sándigo, presidente de la CEN, expresó ese día que “no hay claridad” en la ley cuando se habla de que la Policía y el juez “deberán auxiliarse” de las instituciones religiosas, en las que la Iglesia católica se siente implicada. Sándigo sostuvo que ellos “no se sienten obligados” a participar como mediadores en la ley, ya que su trabajo con la familia siempre ha sido constante para prevenir la violencia.
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