¿Será posible alcanzar la integración centroamericana en medio de la transición y de la ruptura que ha significado en nuestro país el cuestionamiento, hasta sus cimientos, de la democracia electoral y representativa y de la soberanía, y que ha provocado una crisis del Estado-nación clásico? ¿Luego de la desnaturalización vía reforma de la Constitución, de la aplicación del “factismo” en el manejo del poder y de la transformación de los poderes del Estado y de la institución policial y las fuerzas armadas, devenidas ahora en “guard de corps”?
Vivimos una transición sin paradigmas. Más que los símbolos del poder “cristiano, socialista y solidario” que adornan la geografía nacional y la cantinela mediática (inmediática diría) que ofrece el reino de los cielos convertido en un gran Canal Interoceánico, lo que aparece más nítidamente dibujado en el escenario nacional es el nacimiento de una nueva versión dictatorial hábilmente cobijada con mensajes prestados de la Iglesia católica, pues mientras se dice que este es un gobierno de reconciliación nacional, las violaciones a los derechos humanos van in crescendo.
En medio de este sistema de anarquía controlada desde el poder absoluto, los compromisos del Estado van quedando como los defensas en un juego de futbol —tirados en la cancha— tanto en materia del voto (desvirtuado) como en el respeto a libertades fundamentales, básicas, conculcadas y negadas a un pueblo que aparentemente ya se dejó quitar lo que en su historia significó luchas, muertes, exilio y sufrimiento: su libertad y su democracia.
Ahora tenemos la democracia del “pueblo presidente” que es una aberración, pues la única democracia que existe es la representativa, en donde el principal contrapeso del liderazgo personal es el buen funcionamiento de las instituciones. Por eso hay que darle una vuelta radical a este sistema basado en el caudillo.
Solo se podrá funcionar como país y, eventualmente, como región integrada, cuando se identifiquen los intereses bajo los que, aún siendo contrapuestos, subyacen otros comunes y, por tanto, capaces de cohesionar a la ciudadanía; es decir, las ideas que, aún siendo plurales, tienen una dimensión capaz de ser compartidas. ¿O es que aún existen líderes políticos en la región que nos quieren integrar “a patadas” bajo sistemas políticos represivos y abusivos, a contrapelo de los avances en el mundo civilizado hacia la cohesión social, la tolerancia y el respeto a la dignidad de las personas humanas?
Me pregunto si en el proceso de la integración centroamericana podrán congeniarse gobiernos democráticos con gobiernos autoritarios y/o dictatoriales. Todo lo avanzado en materia de libertades, vigencia plena de los derechos humanos y democracia electoral contenidos en diversos documentos e instrumentos jurídicos firmados por los mandatarios de la región, desde Esquipulas II pasando por el Protocolo de Tegucigalpa (que reforma la Carta Constitutiva de la Odeca y crea el SICA) hasta la actualidad, señalan una ruta exclusiva, (Arto. 3 El Sistema de la Integración Centroamericana tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica para constituirla como región de paz, democracia y desarrollo). No se habla de gobiernos autoritarios ni dictatoriales, ni de una región nuevamente convulsionada por conflictos políticos, una de cuyas causales determinantes es la inequidad social y la pobreza de nuestros pueblos.
¿Será que en Nicaragua vamos por la ruta correcta? El autor es diputado al Parlacen
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