Leonor Álvarez
La repatriación de la víctima de trata de personas es uno de los puntos que más preocupa en la discusión del proyecto de Ley Especial e Integral contra la Trata de Personas, debido al costo que implica este proceso.
En general, el objetivo de la iniciativa es prevenir y sancionar la trata de personas y atender a las víctimas.
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El diputado de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), Raúl Herrera, dijo que esta preocupación la externó el delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien no quiso conceder entrevista a los medios de comunicación, argumentando “no estar autorizado para hablar”.
El diputado Herrera explicó que la preocupación es porque aún no saben de dónde saldrán los recursos para repatriar a las víctimas de dicho delito y con ese objetivo consultarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Policía Nacional y también a la empresa privada, para buscar alianzas con las líneas aéreas, con el objetivo de asegurar con urgencia la repatriación de las víctimas a Nicaragua.
Por otra parte, el diputado Carlos Emilio López indicó que Nicaragua tiene treinta casos al año de trata de personas, siendo junto con Chile, los dos países con menos casos de trata de personas en Latinoamérica.
El diputado Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Gobernación, manifestó que los lugares donde se registran más casos de trata de personas son los puertos, zonas fronterizas y ciudades turísticas, por lo cual están previendo registrar en la ley más atención en estas zonas.
El proyecto de ley explica en las consideraciones que “el delito de trata de personas es considerado en la actualidad como la esclavitud del siglo XXI” y un “delito que viola gravemente los derechos humanos de las víctimas”.
En el primer día de consulta estaban invitados el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Familia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Todos estos ministerios enviaron delegados que no están autorizados a hablar y en el caso del Ministerio de Gobernación no envió a nadie a la consulta.
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