Elízabeth Romero
En los dos años de implementada la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, 1,370 reos guardan prisión con penas menores de cinco años, cuando los casos eran “mediables”.
El pasado 21 de agosto durante un foro de mujeres, la catedrática Asunción Moreno sostuvo que el reglamento a la Ley 779 no tiene validez legal, pues está “fuera de tiempo y de materia”.
Moreno aconsejó a las defensoras de mujeres “volver al rescate de la ley”.
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“Bien pudieran estar fuera”, sostuvo el magistrado del Tribunal de Apelaciones Circunscripción de Estelí, Roberto Petray, quien aseguró que un 64 por ciento de ellos recibe visitas conyugales de parte de las víctimas.
Petray alegó que esos datos han sido vistos con rigurosidad por el sistema de justicia y es uno de los motivos del reglamento.
Y refirió el hasta hace unos meses director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que durante este período
unos dos mil agresores han sido detenidos por casos de violencia. Petray se mostró satisfecho que con el reglamento habrá un seguimiento a los casos de mediación establecidos en la ley.
Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), reaccionó que es difícil que las víctimas tras sufrir “un calvario” de violencia vayan a realizar visita conyugal y considera que es parte de la campaña que han mantenido en contra de la ley. A su criterio, “la intención es descalificar”. “Nosotras sostenemos que cuando una mujer denuncia es porque ha pasado un sinnúmero de hechos de violencia”, expresó Jiménez.
“Serán otras las que les hacen visitas conyugales (…), pero no las compañeras que los han acusado por violencia”, sostuvo por su parte la enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Reyna Rodríguez. Para Rodríguez es una cifra exagerada, aunque reconoció que “en algunos casos de violencia” ha ocurrido, pero no es que sea generalizado.
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