José Bernard Pallais Arana
El pretorianismo, definido como la excesiva influencia o abuso de poder de un grupo militar en política, es un fenómeno de vieja data constantemente reeditado en la historia de la humanidad.
El término tiene su origen en la guardia personal que protegía a los pretores o jefes supremos de los ejércitos y posteriormente a los emperadores romanos; y que con el tiempo fue incrementando su influencia y poder llegando a controlar la política romana, convirtiéndose en electores de los césares y a la vez en quienes los destronaban.
En un inicio los emperadores pusieron a la guardia al servicio de su poder tiránico, pero pronto estos percibieron el vacío provocado por el desmoronamiento de las instituciones y de la sociedad romana y su capacidad de compartir el poder mediante su influencia creciente ante el César o de asumirlo directamente a través de la elección de los gobernantes en los cuarteles, pasando de árbitros a gobernantes.
Algunas etapas de pretorianismo en América Latina han iniciado con un caudillo, básicamente un civil armado, que se proclama a sí mismo como militar y que se apoya en un grupo armado que le es personalmente fiel, como la experiencia actual de nuestra patria, en que las fuerzas armadas están pasando de un pretorianismo latente a uno efectivo o actuante, desarrollando un modelo político autoritario-corporativo.
Esta involución ha sido facilitada por el origen revolucionario del Ejército y la Policía, que impulsados hacia una profesionalización y sometimiento a la autoridad civil que les disgustaba, vieron las condiciones favorables para aprovechar las ambiciones del actual gobernante y posicionarse en el ejercicio del poder.
La Ley 855 que regula al Ejército y la 872 de la Policía Nacional solamente pueden entenderse como la consecuencia de la reforma constitucional que suprimió la prohibición a la reelección presidencial, permitiendo la entronización de Ortega en el poder.
Ambas reformas pretenden la sumisión legal y absoluta de esas instituciones al presidente vitalicio, en forma más descarada la Policía Nacional y con mayor recato el Ejército de Nicaragua, pero ambos cuerpos armados buscaron o consintieron depender directamente de la figura del presidente para asegurarse su cercanía y predominio facilitando a cambio el incremento de las atribuciones presidenciales, llegando al absurdo de que el presidente pasa a ser parte de la estructura policial, siendo más importante para este el que se le reconozca como Praefectus Praetorio que como jefe de Estado.
Adicionalmente a la reforma y a la presencia en altos cargos del Estado de más de sesenta militares y policías retirados que por disposición de Ortega pueden volver a sus instituciones o ser sacados de las mismas para incorporarse al ejecutivo, observamos el desarrollo del viejo modelo de seguridad nacional en detrimento del de seguridad democrática, elementos todos que nos llevan a advertir sobre el establecimiento de un régimen pretoriano con funestas consecuencias futuras.
Los nicaragüenses debemos tener claridad sobre la esencia del pretorianismo, que es el control absoluto del Estado en función de determinado proyecto político y económico, proveyendo al dictador los mecanismos de represión que requiera para asegurar su permanencia en el poder.
Los miembros del Ejército y la Policía que de inicio aprecian únicamente las ventajas del modelo, muy pronto podrán darse cuenta que la peor manera de gobernar un pueblo es por la fuerza, la que siempre revierte sobre quienes la ejercen. El autor es abogado.
