Desde la perspectiva de la economía capitalista (que es ahora la de China a pesar de que políticamente su régimen sigue siendo totalitario comunista; y la de Nicaragua, no obstante que sus gobernantes se dicen “cristianos, socialistas y solidarios”), el proyecto para la construcción del Canal Interoceánico adolece de grandes fallas de mercado. Nos referimos ante todo a la falta de una rigurosa licitación, lo mismo que de seguridad jurídica al dejar la propiedad privada a riesgo de expropiaciones sin garantía de justa indemnización.
La falta de licitación en un proyecto de tanta envergadura como el del Canal, necesariamente tenía que generar mucha suspicacia. La asignación “de dedo” de la concesión canalera a la firma china de Wang Jing, no asegura una eficiente asignación de recursos para un proyecto tan costoso como este, a menos que el régimen de China comunista por razones geopolíticas y estratégicas quiera invertir una fortuna tan grande como serían los cincuenta mil millones de dólares o más que según se dice requiere la construcción del Canal, sin esperar una apropiada recuperación financiera.
Es sin duda una gran falla de mercado que la concesión canalera no se asignara por reconocidos méritos empresariales de HKND Group, que Wang Jing no haya competido con otros oferentes para demostrar que su empresa es en realidad la más indicada financiera, tecnológica y éticamente para acometer la gigantesca obra de la construcción y luego operación del Gran Canal.
Otra gran falla de mercado del proyecto canalero es la externa, o sea el efecto negativo que tienen la falta de licitación y seguridad jurídica para la captación de las cuantiosas inversiones de capital que requiere la obra. Los promotores del Canal, chinos y nicaragüenses, alegan que no pueden decir quiénes son los inversionistas porque se trata de inversores en bolsa. Pero debería ser lo contrario, porque la transparencia es condición indispensable para el adecuado funcionamiento del mercado de valores. De manera que con ese argumento falaz —de que hay que ocultar la identidad de los inversionistas— han despertado la sospecha de que en realidad no hay inversionistas de buena calidad detrás del proyecto, que el capital para la gigantesca inversión es de origen inconfesable, o que el gobierno de China —directamente o por medio de grandes empresas públicas— es el que está detrás del proyecto canalero.
Son pocos los nicaragüenses que se oponen de manera rotunda a que se construya un Canal en el territorio nacional. De las abundantes informaciones y opiniones que se difunden en los medios de comunicación, se deduce que la mayoría quiere que el país se desarrolle y estima que la construcción del Gran Canal podría ser una excelente ruta para avanzar en esa dirección.
Pero los nicaragüenses no quieren que el Canal sea un enorme negocio sucio. Ni que para construirlo destruyan el medioambiente y arruinen el Gran Lago de Nicaragua. Ni que vuelvan a haber expropiaciones injustas. Ni que se hipoteque la soberanía nacional por un gran negocio del que solo migajas podrán recibir a cambio y después de ser despojados de su condición de ciudadanos libres y convertidos en siervos de otros amos: los chinos.
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