La actual alza en los precios de ciertos productos agrícolas ha dado lugar a opiniones encontradas. Los productores la atribuyen a las fuerzas del mercado; al juego de la oferta y la demanda. Las autoridades acusan a esos productores de especuladores. Aunque la “verdad” pudiera radicar entre ambas posiciones, existe una marcada escasez en ciertas regiones del país que afecta a muchas personas.
Lo que es más difícil negar es el efecto de la presente sequía en la desaceleración del crecimiento económico en Nicaragua. Seca que ha afectado el cultivo del frijol, el maíz y el cacahuete. También es imposible desmentir que la situación se complica al considerar la volatilidad de los precios internacionales de los principales productos de exportación como el café, el oro, la leche y el azúcar.
De cara a un deterioro más generalizado, el Gobierno acaba de enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Presupuesto General de la República. Ahí se propone una reducción en los gastos públicos que afectará el nivel de empleo; lo que, combinado con la disminución de la inversión privada, tenderá a causar una espiral descendiente en la actividad económica.
Este ablandamiento económico tenderá a generar una menor capacidad de recaudación de impuestos. Consecuentemente el Gobierno recurrirá a los donantes extranjeros, acelerando sus actividades mendigantes. También tenderá a improvisar las maneras de aumentar la recaudación fiscal de manera directa e indirecta, causando una reducción aún mayor en la inversión privada. Por otra parte, el Gobierno acrecentará su dependencia en la “exportación” de mano de obra. Pero aquí encontrará obstáculos: una reducida disponibilidad de donaciones, desarrollo de mercados paralelos y una mayor resistencia —de parte de otros países— a las inmigraciones.
Vale mencionar que es en estas crisis cuando las dictaduras encuentran que la habitual manipulación de las cifras macroeconómicas solo sirve para entorpecer su capacidad de encontrar soluciones reales a sus problemas.
Obviamente, esta inestabilidad económica y sus repercusiones políticas y sociales llegan al peor momento para la dictadura nicaragüense de turno. El capital privado ha empezado a fugarse. El descontento de la población se hace cada día más manifiesto. Los partidos políticos —aunque no han sido capaces de modernizar sus cuadros— están actuando más decididamente hacia la unificación a largo plazo.
Hasta el momento, el presidente inconstitucional Daniel Ortega ha respondido con represión salvaje a cualquier manifestación de descontento popular. Y dada la forma y alcance de la persecución política desatada a raíz de la masacre de partidarios orteguistas el pasado 19 de julio, una gran inquietud se ha despertado en la población, razonada en la propensión de las dictaduras a ejecutar crímenes de oportunidad como estrategia política.
La convergencia de estos factores hace evidente la vulnerabilidad de Ortega y devela la innegable posibilidad de los pueblos para alcanzar su libertad. Hoy vemos a un dictador que todo lo que tiene que ofrecer al pueblo de Nicaragua es la promesa utópica de la construcción de un Gran Canal que ante los ojos de los expertos internacionales es inviable, ya que si lograra construirse sería al costo de casi setenta mil millones de dólares. Por otro lado, Ortega ofrece el consejo —a un pueblo quebrantado— de criar iguanas para comerse sus carnes, vender su piel o comerciarlas como mascotas; y sembrar árboles de ocote para ingerir sus hojas.
He ahí un vulnerable Ortega, ubicado entre el sueño de un Gran Canal y la miseria de las iguanas. El AUTOR ES economista y escritor.
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