Elízabeth Romero
María Elsa Frixiones que asistió como representante del Estado de Nicaragua en la 152 sesión extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no alegó nada nuevo ante las denuncias de violación a los derechos humanos en el país presentadas hoy en México por representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La subdirectora del Cenidh, Marlin Sierra, dijo vía telefónica, que prácticamente Frixiones llegó a repetir lo que el gobierno dijo en mayo pasado en Ginebra, en la segunda evaluación del Examen Periódico Universal.
Frixiones repitió que no hay denuncias por agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Sin embargo los representantes de la CPDH y el Cenidh hicieron ver las últimas agresiones a periodistas de LA PRENSA, canal 12 y canal 2 que ameritó una protesta frente a Plaza el Sol.
Una vez más, los comisionados de la CIDH insistieron en su interés por visitar Nicaragua y volvieron a escuchar la misma respuesta, que les han ofrecido desde 2008, que lo transmitirán al gobierno.
El director del Cenidh, Mauro Ampié, manifestó que en el informe enviado a la CIDH, el Cenidh expuso una vez más el grave deterioro por el que atraviezan los derechos humanos en Nicaragua, y que esto obedece a que el gobierno ha hecho caso omiso a una serie de centanares de recomendaciones que ha recibido de órganos de las Naciones Unidas, del Consejo de de Derechos Humanos y de la misma CIDH, así como de mandatos contenidos en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Cenidh denunció las reiteradas violaciones al debido proceso en el caso de la masacre del 19 de julio, detenciones arbitrarias y prolongadas sin informar a sus familiares de manera oportuna, que según Sierra, Frixiones aceptó que no lo hicieron bajo el alegato que no tienen personal suficiente.
El Cenidh denunció también entre otras cosas las constantes violaciones al estado de derecho a la Constitución, orientadas a que el presidente inconstitucional Daniel Ortega se perpetúe en el poder. Citan por ejemplo, la reforma Constitucional indefinida, la ley del gran canal «aprobada de manera atropellada y en detrimento de la soberanía», reformas al Código Militar y Ley de Policía, donde las más altas autoridades dependen de la voluntad de Ortega para permanecer en sus cargos, dijo Ampié.
