Los acusados deberán permanecer en prisión mientras llega la fecha del juicio. LA PRENSA/ E. LÓPEZ

A juicio por robar alimentos en UNAN

En la audiencia inicial que se llevó a cabo ayer en el Juzgado Primero Distrito Penal de Audiencia, el juez Daniel González Balladares, mandó a juicio oral y público a los cuatro exfuncionarios de la UNAN-León y otro ciudadano, acusados de crimen organizado y peculado. También les mantuvo la prisión preventiva.

Eddy López Hernández

En la audiencia inicial que se llevó a cabo ayer en el Juzgado Primero Distrito Penal de Audiencia, el juez Daniel González Balladares, mandó a juicio oral y público a los cuatro exfuncionarios de la UNAN-León y otro ciudadano, acusados de crimen organizado y peculado. También les mantuvo la prisión preventiva.

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Los acusados supuestamente simulaban el abastecimiento de productos en el comedor, pero sacaban del sitio en un camión, entre 10 y hasta 12 sacos de productos básicos.Luego los trasladaban a un tramo en el mercado La Terminal de León.

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Según el Ministerio Público, los cuatro exfuncionarios supuestamente sustrajeron en reiteradas ocasiones del comedor de la UNAN-León, productos básicos que eran utilizados para la alimentación de los estudiantes internos.

La Fiscalía amplió la acusación y señaló que solo en julio hubo una pérdida de más de un millón de córdobas, que la sustracción de las provisiones ocurría desde noviembre del 2013 y que las acciones se hacían hasta dos o más veces a la semana.

Los acusados son: María Eloísa Hernández, de 55 años, quien era la jefa y supervisora del comedor; Ernesto Enrique Balladares Rivas, de 33 años, jefe de compras del comedor; María Orbeliz López, de 48 años, secretaria de la administración del comedor y encargada de control de bodega y José Francisco Martínez Vallecillo, de 31 años, responsable directo de bodega.

Durante el intercambio de información y pruebas los abogados de los acusados argumentaron que el Ministerio Público no demuestra el grado participación y solicitaron la libertad de inmediato y que no se mandara a juicio oral y público por falta de pruebas.

La semana pasada uno de los abogados defensores sostuvo que el caso tiene un trasfondo político y que el FSLN no quiere organización en su contra.

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