Sergio León C.
El Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK) advirtió a las autoridades gubernamentales que otorgaron la concesión del Gran Canal Interoceánico al chino Wang Jing, que si no reforman los articulados referentes a las expropiaciones de la Ley 840 no negociarán con nadie.
Esos articulados hablan de expropiaciones, de remover a los pobladores de sus propiedades privadas y comunales, hablan de no dar informaciones sobre el Canal a nadie, “y el que se oponga se enfrentará a un proceso judicial, eso nos preocupa”, dijo.
Los especialistas de Popolná y Humboldt confirmaron que el país pudiera sufrir una demanda internacional si el Gobierno incumple algún acápite del contrato.
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“Hasta que no hagan eso no vamos a sentarnos a negociar con nadie, ya estamos viendo cuáles son las partes negativas del proyecto que nos afectará grandemente, no como ellos decían”, declaró el presidente del gobierno comunal de Monkey Point, Allen Clair Duncan.
Ayer, ambientalistas del Centro Humboldt, y Mónica López Baltodano, de la fundación Popol Na, visitaron Bluefields, y en un auditorio de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), misma casa de estudios donde el Gobierno presentó los beneficios y construcción de la megaobra, se reveló la otra cara de la moneda de ese Canal.
Tanto Baltodano como Víctor Campos, de Humboldt, advirtieron que el contrato de concesión, hecho ley, advierte de judicializar a quienes protesten o pongan en peligro la construcción del Gran Canal.
Informaron sobre la división del país en dos, así como la destrucción de los vestigios arqueológicos encontrados en Monkey Point.
Los especialistas a través de un mapa aéreo, las comunidades a ser inundadas por los concesionarios del Canal. “Que cambien los artículos de la Ley 840, cuando ya lo hagan veremos las buenas intenciones del Gobierno, esa proposición también se la hicimos a (Telémaco) Talavera pero no nos ha respondido”, dijo Clair, también directivo del territorio Rama y Kriol.
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