Ante la falta de información clara y creíble de la Policía y la Fiscalía, sobre el móvil y la identidad de los autores de los actos de terrorismo del 19 de julio pasado que causaron la muerte de cinco simpatizantes sandinistas y una veintena de heridos, flotan alrededor de este hecho criminal diversas conjeturas.
Una de ellas, la más simple, es que la masacre habría sido realizada por algún grupo armado antigubernamental no identificado. Otra, que quizás fue una banda del narcotráfico internacional la cual habría querido enviar al Gobierno un mensaje sangriento, como es común en otros países cercanos a Nicaragua. Y se conjetura también que podría ser una provocación autorrealizada, para justificar una ola represiva e intimidatoria contra la oposición.
Esta última hipótesis pareciera tener sentido, por la desmedida represión desatada por la Policía en algunos lugares del norte del país que dirigentes de la oposición han calificado como una cacería de brujas. De la cual podría ser parte el asesinato de Carlos García Altamirano, alias “Mexicano”, un activista del opositor Partido Liberal Independiente (PLI) que fue combatiente destacado de la Resistencia Nicaragüense. Castillo fue asesinado el pasado sábado 26 de julio en una zona rural cercana a la ciudad de Jinotega, por un francotirador desconocido que le acertó un balazo en el corazón, asesinato que los amigos y correligionarios del ahora occiso denuncian como un “ajuste de cuentas” de carácter político.
Pero la verdad es que la desmesurada represión desatada por la Policía a raíz de los criminales atentados terroristas del 19 de julio, no favorece al régimen de Daniel Ortega. Más bien lo perjudica, considerando que su Gobierno trata de vender la imagen de una Nicaragua amable, segura y estable, donde vale la pena hacer grandes inversiones de capital nacional y extranjero. Inclusive, los publirreportajes en medios internacionales hablan de un supuesto “milagro de Nicaragua”, pintan al país como un lugar apropiado para construir colosales obras de infraestructura y un paraíso turístico por explotar. De manera que el clima de miedo, de inseguridad y acoso a la oposición pacífica creado por el desborde represivo de la fuerza policial, contradice el mensaje del país bonito y seguro que la propaganda oficialista trata de vender.
Estamos claros de que cualquiera que hubiera sido el móvil de la masacre del 19 de julio, y quienesquiera sus autores, la Policía tiene el derecho y el deber de esclarecer los hechos, buscar a los criminales, capturarlos y ponerlos a la orden de la autoridad judicial. Pero también tiene la obligación de respetar los derechos humanos y constitucionales de todos los nicaragüenses y las garantías procesales de aquellas personas que sean sospechosas de haber cometido el crimen y participar en su preparación.
Ninguna investigación de un acto criminal, por muy atroz y condenable que sea, le da derecho ni autoridad a la Policía para violar la ley ni ultrajar a nadie. Ni siquiera a los sospechosos que logre capturar, porque estos son sujetos de derechos constitucionales y procesales y mucho menos a personas inocentes, incluyendo niños, ancianos y mujeres como han sido las víctimas de Ciudad Darío, según ellas mismas lo han denunciado.
Violar los derechos humanos es también una práctica criminal. Y un crimen no se combate con otro crimen.
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