La posible construcción del Canal Interoceánico además de afectar a las poblaciones asentadas sobre la ruta trazada, comprometería la principal fuente de abastecimiento de agua de unos 90 mil juigalpinos que utilizan el lago Cocibolca para abastecerse.
La mañana de ayer, la organización ambientalista Centro Humboldt realizó el foro regional Valoraciones socioambientales de la ruta seleccionada para la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, en Juigalpa, Chontales.
Durante el foro, al que asistieron unas 250 personas de 14 municipios de la zona central y sur del país, la abogada ambientalista Mónica López Baltodano y el subdirector del Centro Humboldt, Víctor Campos, abordaron las implicaciones jurídicas, ambientales y sociales del megaproyecto.
VOCES JUIGALPINAS
Para Jorge Luis Cruz, de la Cooperativa de Servicios Agropecuarios, Ambientales, Forestales y Desarrollos Sociales, las preocupaciones de las organizaciones chontaleñas se han incrementado.
Según Cruz, hasta ahora “no habíamos tenido disponible información sobre el proyecto”.
“Queremos que la comisión que anda haciendo propaganda pase por aquí, y dialogar con ellos para poder preguntarles y demandarles información veraz”, afirmó Cruz.
Por su parte María Regina Alvarado, coordinadora de la Red de Mujeres Chontaleñas, consideró necesario que la población se siga informando sobre el megaproyecto.
“Es preocupante pensar que no está dentro (Chontales) o están considerando que no afecta, porque realmente todo indica que afecta de manera grande el tema ambiental y en específico al Cocibolca”.
Bayardo Vargas, miembro de la Comisión de Chontaleños Salvemos el lago Cocibolca, afirmó: “Nadie nos ha venido a consultar aquí si nos afecta realmente este megaproyecto, no se nos ha presentado una alternativa de dónde vamos a obtener el vital líquido”.
“Nosotros no nos oponemos a un proyecto que venga a contribuir al desarrollo del país, nosotros nos oponemos a un megaproyecto que ponga en peligro el principal recurso que tienen los nicaragüenses”, concluyó Vargas.
“¿QUÉ SABEMOS HOY SOBRE LA CONCESIÓN?”
Entre los aspectos de la Ley 840 que López Baltodano señaló se encuentran que el Estado de Nicaragua está “obligado a entregarles todos los títulos de dominio de todas la propiedades de Gobierno y privados, que sean razonablemente necesarias o deseables para el proyecto”.
Además “tienen derecho irrestricto de uso de tierra, aire y espacio marítimo. Pueden extraer, almacenar, usar el agua y otros recursos naturales de las áreas que el inversionista determine que quiere utilizar y que fuere razonablemente necesario”.
IMPLICACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES
El estudio presentado por el Centro Humboldt a los chontaleños incluyó más detalles de la cantidad de poblados y población, que lo hasta ahora presentado por HKND.
Campos señaló que la mayoría de los asentamientos humanos afectados en las Zonas de Influencia Directa e Indirecta del Canal están en categoría “dispersa” por falta de datos de población en la mayoría de ellos.
Sobre el impacto al Cocibolca, Campos detalló que producto del dragado al que sería sometido el fondo del lago, el volumen de sedimento removido sería de 959.4 millones de metros cúbicos, lo que afectaría considerablemente la calidad de las aguas y a la fauna de este cuerpo de agua.
90,000 juigalpinos reciben agua del lago Cocibolca, gracias a un proyecto que financió el Gobierno de Corea del Sur en 2007. Este proyecto contó con una inversión de entre 37 y 40 millones de dólares y abastece a más de 1,800 casas.
Para estos municipios ya se ha proyectado la posibilidad de utilizar al Cocibolca como fuente de abastecimiento. En 2009 inició la construcción de un sistema similar al de Juigalpa para San Juan del Sur, Rivas, con un costo que supera los 20 millones de dólares.
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