En la noche del pasado sábado 19 de julio, sujetos desconocidos atacaron con armas de fuego a manifestantes que regresaban de participar en la concentración oficialista por motivo del 35 aniversario de la revolución sandinista. Cinco personas murieron y otras 17 resultaron heridas como consecuencia de esos ataques armados.
La alevosa agresión ocurrida en dos carreteras del norte del país fue perpetrada por individuos aislados o pertenecientes a algún grupo alzado en armas contra el Gobierno. Pero de cualquier manera ha sido una acción criminal cobarde y condenable contra personas civiles desarmadas que no tenían ninguna posibilidad de defenderse.
Inclusive, esos mortales ataques contra civiles desprevenidos, desarmados e indefensos, deben ser considerados como actos terroristas, de acuerdo con la Resolución 51/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1996, la cual establece que constituyen terrorismo “los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos”, (los cuales) “son injustificables en cualquier circunstancia, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza que puedan ser invocadas para justificarlos”.
La violencia, venga de donde venga, ya sea del poder político o de quienes lo adversan, es lamentable y absolutamente repudiable. No solo porque la violencia engendra más violencia, o sea que los actos criminales contra manifestantes políticos orteguistas ocurridos el sábado pasado podrían provocar una represión gubernamental también violenta y criminal. No solo tampoco porque el uso de la violencia armada como forma de lucha política, incluyendo la que llevó al Frente Sandinista al poder en 1979, nunca ha servido para conquistar la libertad, establecer la democracia ni conseguir el bienestar de los nicaragüenses. Es que la violencia en cualquiera de sus formas, e independientemente de quien la practique, es repugnante a la misma condición humana.
La aspiración legítima y racional de la humanidad es que todas las personas formen “una comunidad de hermanos que se respetan, que aceptan su diversidad y que se cuidan unos de otros”, expresó el papa Francisco en su primer mensaje público de este año, el 2 de enero pasado. Este mensaje va para que quienes gobiernan no practiquen la violencia contra los gobernados, que no repriman violentamente a quienes protestan pacíficamente contra las políticas gubernamentales, como las mujeres indefensas que fueron agredidas la semana pasada por turbas oficialistas con la complacencia cómplice de la Policía. Pero va también para aquellos que de manera equivocada creen que la violencia de arriba solo puede ser respondida con la violencia de abajo, y en ese plan llegan a cometer crímenes abominables como la matanza de partidarios del Gobierno ocurrida el sábado pasado en la noche.
De manera que es con profunda convicción democrática y sin vacilación que condenamos este crimen abominable, y esperamos que el Gobierno no lo tome como pretexto para desatar una represión indiscriminada contra personas y grupos políticos y sociales que ejercen su derecho de expresarse como una oposición cívica y pacífica.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
