México/ EFE
México sigue con asombro el caso de un albergue para menores de la ciudad de Zamora, intervenido por el Ejército y la Policía debido a los abusos que supuestamente sufrían los 500 niños y niñas allí recluidos en unas condiciones descritas por las autoridades como casi de esclavitud.
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La periodista y activista mexicana Sanjuana Martínez reveló a Efe que el albergue era desde hace un tiempo “uno de los focos rojos” para los grupos civiles de defensa de los derechos de los menores.
Martínez, alertó de que el problema es que “México carece de un padrón de niños en situación de orfandad o a los que destinan de manera temporal a esos albergues” por problemas familiares.
Eso permite que se produzcan “adopciones ilegales, explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos”, detalló.
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En el centro de todas las miradas se encuentra Rosa del Carmen Verduzco, la administradora y fundadora de La Gran Familia, este internado situado en Zamora (Michoacán), a unos 330 kilómetros de la capital.
“Mama Rosa” —el sobrenombre de la administradora de 79 años, que fue detenida el martes junto con ocho colaboradores—, es acusada por la Fiscalía de “privación ilegal de la libertad”.
Según la Fiscalía, que intervino tras recibir “al menos 50 denuncias”, muchas de las víctimas “dormían en el piso (suelo), pedían limosnas y sufrían abusos sexuales en un espacio con “plagas” de “ratas” y “chinches”.
Lo más sorprendente es que el internado se presenta en su web como una institución que cuenta con escuelas primaria y secundaria aparentemente homologadas y con subsidios de entes oficiales de los distintos niveles del Estado mexicano.
También alardea de haber suscrito en 1999 un convenio con el que luego sería presidente del país, Vicente Fox (2000-2006), entonces gobernador del estado de Guanajuato.
Todavía llama más la atención que al narrar la historia de la institución, el centro admite que Verduzco registraba como hijos suyos y con su apellido a huérfanos que llegaban hasta ella.
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