José Adán Aguerri
La semana pasada se puso el tema del Canal de Nicaragua nuevamente en los medios nacionales e internacionales debido al anuncio de HKND sobre la ruta escogida y las presentaciones que esta empresa y ERM hicieron en el país.
Para el Cosep este ha sido un tema permanente.
En junio del 2012, fuimos consultados por las Comisiones de Infraestructura, Justicia y Turismo de la Asamblea Nacional, sobre la iniciativa de Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal y la Creación de la Institución Rectora. Desde entonces, dijimos que como sector privado apoyábamos la iniciativa, ya que un proyecto de esta magnitud cambiaría la vida y el futuro de los nicaragüenses.
Pero también dijimos que el proyecto tenía que ser de nación y no de gobierno. Y por ello indicamos que la conformación de la Autoridad del Canal no debía estar limitada únicamente a funcionarios públicos y sugerimos que se integrara a miembros del sector privado, academia y organizaciones medioambientales.
En junio del 2013, nos volvimos a personar ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, esta vez, para presentar nuestras consideraciones sobre el proyecto de ley especial para el desarrollo del Canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas.
En esa ocasión nuestra posición ante la asamblea abarcó diversos temas, entre otros, la seguridad jurídica y la certidumbre para mantener la promoción de la inversión; el establecimiento de hecho de un nuevo proceso de expropiación en franca oposición al artículo 44 de la Constitución Política; la protección del medioambiente incluyendo el gran lago; la participación de las empresas nacionales y condiciones preferentes de empleabilidad para los nicaragüenses; y nuevamente solicitamos la incorporación del sector privado y otras organizaciones a la Comisión del Proyecto.
Nuestra preocupación en los temas de seguridad jurídica y el proceso de expropiación provocó que introdujéramos un recurso parcial por inconstitucionalidad en contra de la ley especial. Este recurso fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, en estos últimos 12 meses, logramos una respuesta a medias en relación a la integración del sector privado, la academia, y organizaciones medioambientales al conformarse una comisión asesora con voz, pero sin voto. Adicionalmente, en la reforma constitucional, en su artículo 102, se establece que, en el caso de la construcción y explotación racional de un canal interoceánico, se contempla la conformación de consorcios, entre empresas nacionales y extranjeras, para lograr la participación de nuestras empresas y la promoción del empleo.
En julio del 2014, hemos conocido sobre la ruta escogida y un avance parcial de los estudios técnicos y medioambientales.
Las presentaciones públicas y participativas, como la realizada a Cosep, deben ser el mecanismo para garantizar una mayor transparencia e interacción con empresarios, expertos, medios de comunicación y población en general para que este sea un proyecto de nación.
Esperamos conocer en lo que resta del año los estudios de factibilidad económicos, así como, los estudios adicionales técnicos, ambientales y sociales que incluyan el impacto de los posibles reasentamientos sociales y posibles soluciones. La comunicación e interacción son fundamentales entre todas las partes.
Las empresas nicaragüenses deben tener oportunidades de participar en la ejecución de los proyectos periféricos. Es importante lograr este año la aprobación de consenso de la nueva Ley de Asocio Público Privado. Debemos impulsar los consorcios con las empresas internacionales ante las limitantes de recursos, maquinaria y tecnología de nuestras empresas para este tipo de proyecto.
La capacitación de los trabajadores nicaragüenses es vital para aprovechar la oportunidad que representaría este proyecto. Hay que reevaluar el papel de Inatec alrededor del proyecto e involucrar a las universidades en este proceso.
Los mecanismos de expropiación deben cubrir el valor de la propiedad, la inversión y el lucro cesante y el Cosep defenderá esos derechos. Los proyectos turísticos existentes deben ser revisados cuidadosamente. De hecho, el proceso debe ser caso a caso.
Adicionalmente, hemos solicitado a Funides un estudio de evaluación sobre el impacto económico y social del proyecto (debemos conocer el impacto sobre la inflación, la moneda, etc.).
Los próximos meses serán determinantes en responder a la pregunta si habrá canal o no. Si los estudios y los recursos lo validan, en Cosep seguiremos abogando para que este sea un proyecto de nación. El autor es presidente del Cosep.
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