Génesis Hernández Núñez
Carlos Lacayo Marenco, de 82 años, exige explicaciones y respuestas: en 1995 arrendó un edificio de su propiedad ubicado en Rivas para que funcionara el Complejo Judicial de la ciudad y diez años después se lo entregaron pero destruido.
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“Diez años después la Corte, con Alba Luz Ramos de presidenta, ordenó el desalojo del Complejo Judicial donde se habían invertido más de 86 mil dólares y en ese proceso devastaron criminalmente las instalaciones llevándose puertas, cerraduras, instalaciones eléctricas y destruyendo baños, cielos rasos y ventanas”.
Lacayo Marenco explicó que en el contrato de arriendo se establecía que la Corte Suprema de Justicia daría mantenimiento al edificio y en caso de finalizar el contrato debería entregar el inmueble en el mismo estado en el que lo recibió.
“Quiero presionar a esta gente para que me expliquen por qué no pagan lo que deben y por qué violaron el contrato criminalmente, necesitamos una Corte Suprema de Justicia suficientemente honesta y correcta”.
En junio el señor Lacayo Marenco denunció el caso al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que instó al poder judicial resolver el problema, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
