Tania Sirias
El diputado sandinista Edwin Castro expresó que la Ley 800, Ley del Gran Canal Interoceánico, no lesionará la soberanía nacional, como lo han señalado los legisladores opositores, ya que el concesionario y las empresas que operen en este megaproyecto se someterán a las leyes de Nicaragua.
“Podrán aplicarse las leyes penales, civiles y laborales y serán juzgados por jueces nacionales”, dijo Castro. Esto fue calificado por el diputado Eliseo Núñez como “medias verdades”, ya que en la cláusula 9 del contrato canalero se deja claro que estas sentencias “no tendrán poder ejecutorio”.
Dicho de otra forma, el nicaragüense tendrá una sentencia que no se podrá aplicar, así que no se le hará justicia en las demandas que interpongan.
Núñez agregó que también hay cláusulas de salidas, donde se dice que todo lo que perjudique la bienandanza del canal “se tomará como no válido”.
En el tema laboral, el contrato deja claro que las leyes no regularán a los extranjeros, lo que deja en desventaja al trabajador nacional, ya que las empresas preferirán contratar mano de obra extranjera, para no pagar prestaciones, sostuvo Núñez.
PREFIEREN ARRENDAR
El diputado Brooklyn Rivera, presidente de la comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea, mostró preocupación por las comunidades Rama y Creol, quienes han expresado el temor de ser expropiados por el Estado.
Rivera cuestionó que “¿cuál será el beneficio que dejará el canal en las comunidades indígenas y afrodescendientes?” Además comentó que antes de la aprobación de la Ley 800, solicitó a la bancada sandinista que no se expropiara las tierras indígenas. “Nos prometieron que luego de la aprobación de la ley se iba a consultar con la población y se iba solicitar que se firmaran contratos de arriendo en lugar de confiscación. Ahora no tenemos comunicación ni seguimiento con el Gobierno”, concluyó Rivera.
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