La situación de violencia contra las mujeres que se vive en Nicaragua es alarmante. Este año, con el asesinato reportado ayer en la comunidad de Momotombo, León, se han contabilizado 46 muertes de mujeres a manos de hombres. Eso es prácticamente un asesinato cada tres días.
Desde hace dos años entró en vigencia la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres que establece duras penas, sin embargo, al parecer solo la ley no ha hecho mella en esta situación que no es nueva, si acaso, lo que ha hecho esta legislación es visibilizar el problema, pero hay que resolverlo.
El articulo nueve de la ley establece las penas así: “Cuando el hecho se diera en el ámbito público la pena será de quince a veinte años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será de veinte a veinticinco años de prisión”, y si la tragedia se diera bajo circunstancias como el caso de reiteradas acciones de violencia y en presencia de los hijos de la víctima, para citar dos ejemplos que desgraciadamente son muy comunes, se aplicaría la pena máxima, o sea 30 años de prisión.
Es difícil pensar que en Nicaragua exista alguien que no haya escuchado de esta ley, por lo tanto el castigo en sí no es suficiente para resolver esta tragedia.
No cabe duda tampoco que para encontrar una solución, la sociedad debe actuar en su conjunto. No se le puede dejar solo la responsabilidad al Estado porque el problema es cultural. Muchos hombres en nuestro país tienen el concepto de que la mujer es un ser inferior que les pertenece, que es su propiedad. Empeora las cosas otro concepto machista, que si una mujer decide abandonarlo de alguna manera serán menos “hombre” y no pueden resistir semejante insulto por lo que el hombre prefiere destruir la vida de la mujer —que de todas maneras es su propiedad y por lo tanto puede hacer con ella lo que quiera— antes de que le haga semejante “afrenta”.
El hombre que piensa de esa manera es el mismo que considera que no tiene ninguna obligación con los hijos que procrea y que puede andar por la vida dejándolos tirados sin que esto le signifique la menor obligación, es más, mientras más hijos “le tengan”, más hombre se considera.
La sociedad debe tomar la decisión de acabar con estos conceptos y eso solo se hace a través de la educación. Si no llegamos a entender todos que cada persona merece todo el respeto, que cada persona es un individuo pensante con derechos que se deben respetar entonces nada va a cambiar.
La Ley 779 tiene aspectos de prevención y educación que se deben impulsar e incluso mejorar. Los artículos 51 y 52 hablan de la creación y las funciones de la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer. Sin embargo, entre las funciones de la misma no se establece con claridad, por ejemplo, crear políticas que permitan al Estado, en conjunto con las escuelas, las iglesias, los organismos no gubernamentales, los medios de comunicación, la empresa privada y la población en general cambiar los conceptos equivocados con los que van creciendo muchos niños que de adultos los transforman en estos monstruos.
Es una labor titánica que producirá frutos si la sociedad entera la asume como una prioridad y se empieza a trabajar desde la familia, las iglesias y los primeros años de escuela, a la que, para comenzar, todos los niños deben asistir.
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