Giovanni D Ciofalo Vega
El Consejo Supremo Electoral (CSE), integrado por magistrados de facto, por medio de la testaferra oficina de atención a partidos políticos les hizo saber a los partidos con personería jurídica una festinada ocurrencia de cara a las elecciones municipales del 2012, la que se sacaron del sombrero como torvos cirqueros, ya que no contaba tal ocurrencia con ningún antecedente que sirviera para justificarla.
Y esta fue ni más ni menos que los partidos políticos que pensaban o deseaban participar en dichas elecciones municipales quedaban obligados a manifestar por escrito en forma su firme intención de participar en las elecciones municipales convocadas para el 4 de noviembre del 2012.
El Partido Unionista Centroamericano (PUCA), pese a las reservas que existían sobre la legitimidad, la transparencia, la rectitud de los señores magistrados de nuevo corte salmeronista, confió, firmó y selló el tal documento, y lo envió condicionando su participación a la pureza del proceso electoral.
Muy poco tiempo después surgieron por parte del Consejo Supremo decisiones totalmente inconstitucionales encaminadas a permitir y facilitar el fraude electoral a favor del FSLN, tal y a como había sucedido en el año 2006, cuando el señor Daniel Ortega se catapultó hacia la presidencia de la República por medio de artificios que colmaron de sospechosos gaveteos la vergonzosa sentencia 504 emitida por la adocenada sala constitucional de la Corte de Justicia, dando lugar así a la conformación a posteriori del orteguismo.
Para descubrir tales estratagemas no se necesitaba tener ojos biónicos ni olfatos marcianos, eran evidentes. Por ello el PUCA con su convicción democrática decidió no hacerse cómplice ni mucho menos prohijador del inminente fraude y se elaboró y se envió al CSE, con copia para los medios de difusión nacionales e internacionales, de una exposición sólidamente documentada manifestando los motivos razones que llevaban a declinar y a desistir de participar en el proceso electoral convocado.
Había que estar muy claro que el PUCA consideraba que era un derecho propio el no postularse, primero porque eran elecciones amañadas, a como se confirmó después, y segundo que no estábamos obligados a tomar parte en dicho proceso, ya que participar y votar era un derecho y no un deber, no una obligación, ya que ni la propia Constitución de la República establece el votar como un deber sino como un derecho.
La respuesta del ilegal CSE fue iniciar el proceso de cancelación de la personalidad jurídica del PUCA, lo que resolvió el 9 de abril del 2013 a pesar de no tener ni jurisdicción ni competencia para ello, a como se alegó en su oportunidad, lo que motivó un recurso de amparo fallido, ya que la Corte Suprema de Justicia no le dio lugar sin ninguna argumentación de peso, sosteniendo que el tema recurrido no era de corte eminentemente político sino electoral, a como lo había dictaminado el CSE.
El CSE argumentó para quitar la personalidad que el PUCA había manifestado su voluntad de participar en las elecciones municipales sometiéndose incondicionalmente al proceso electoral, lo que no había cumplido. Semejante aberración jurídica es una negación del derecho universal que tienen los partidos a no someterse incondicionalmente a los procesos que son viciados de nulidad.
Con toda la fuerza legal se demostró que la resolución del Consejo Supremo Electoral violaba flagrantemente los artículos 51, 55,182,160,183, 130 y 131 de la Constitución, en ese orden, y que además en los 202 artículos de la misma no se establece en ningún artículo que el voto, y el votar, es una obligación sino que es un derecho, y lo que es correcto para el ciudadano es también correcto para el partido que lo agrupa.
Lo legal es lo legal y debe quedar muy claro que con base en la Constitución, ni el CSE, ni mucho menos la endeble oficina de partidos políticos están facultados para quitarle la personalidad jurídica a ningún partido por no haber participado en un proceso electoral, sea municipal, o de elecciones generales.
En el caso del PUCA el procedimiento mafioso se impuso, y de nuevo se denuncia y se da la alarma para que en nuevos procesos electorales no le pase lo mismo a otros partidos democráticos al abstenerse, encontrándose libres de la influencia nociva del binomio imperante que subió al poder gracias a la espuria sentencia 504.
El autor es abogado, directivo del PUCA.
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