En menos de una semana recibí dos comentarios, relativamente críticos, a las posiciones que he sostenido, y sostengo públicamente.
Como esos comentarios probablemente recogen la opinión de otras personas, y son muy pertinentes a propósito de hechos recientes, creo tener el deber de dar mis razones al respecto.
Un amigo, a quien encontré casualmente después de mucho tiempo, me dijo que leía los artículos que semanalmente publico en LA PRENSA, y que aunque en general coincidía con mis críticas al Gobierno, le gustaría ver que también reconociera las cosas buenas que hacía. Y, desde luego, sacó la cartilla: la estabilidad y crecimiento económico, las nuevas carreteras, el malecón del Xolotlán, el turismo que crece, los apagones que han desaparecido, el entendimiento con el sector privado, etc., etc.
Y a propósito del reciente Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre seguridad ciudadana en América Latina, en que se reconoce que los niveles de seguridad en Nicaragua se comparan muy favorablemente con los de otros países, recibí un correo electrónico reclamando que reconociera públicamente esos resultados.
Pues bien, le comenté a mi amigo, la razón de mi posición crítica es que todas esas cosas —nuevas carreteras, energía, parques, crecimiento económico— las podríamos tener en democracia.
Y en efecto, le agregué, ya la economía venía creciendo y problemas se venían solucionando sin cerrar los espacios democráticos, como ha hecho Ortega.
Y otros países tienen resultados semejantes y aún mejores, sin sacrificar la democracia. ¿Por qué, entonces, aceptar lo que Ortega hace?
Ah, me comentó, ventilando la misma razón en la cual por cierto algunos se excusan para justificar a Ortega, es que Ortega podría ser peor, podría ser el mismo de los ochenta.
No, le repliqué al hilo de la conversación. Ortega sabe que no puede ser el mismo de los ochenta, aunque lo desee. Él se ha acomodado a las nuevas circunstancias: sabe que su proyecto de poder personal autoritario, por encima de la ley y las instituciones, no sería viable, al menos temporalmente porque de manera duradera no lo será, si desequilibra la economía y entra en conflicto con los organismos de financiamiento internacional y con el sector privado.
Algo semejante puede decirse de la Policía y los niveles de seguridad ciudadana. ¿Acaso es nuevo que Nicaragua tiene niveles de seguridad ciudadana que se comparan favorablemente con otros países? ¿Es eso virtud de Ortega y su gobierno? ¿No eran iguales, e incluso mejores, los niveles de seguridad ciudadana antes que Ortega regresara al poder?
Es bueno, como lo hace el mencionado informe, que se reconozcan nuestros aceptables niveles de seguridad ciudadana, pero como lo han afirmado otros nicaragüenses, los niveles de seguridad se han deteriorado dramáticamente para quienes deseamos manifestar nuestra discrepancia con el Gobierno.
Y si no que lo digan los jóvenes de OcupaINSS, que fueron apaleados y robados, a vista y paciencia de la Policía; o los ciudadanos de El Carrizo, en San José de Cusmapa, donde con la complicidad de miembros de la Policía fueron asesinados varios opositores al Gobierno, después de las elecciones de 2011.
O las mujeres vejadas en Nueva Guinea, y los periodistas reprimidos, y así podríamos mencionar muchos otros casos —como las fuerzas paramilitares que nos agredieron en varias ocasiones durante las elecciones municipales de 2008— de deterioro de la seguridad ciudadana.
Entonces, el tema no es conformarnos con menos, consolarnos con que podríamos estar peor.
Es que, como concluí mi anterior artículo en este periódico, tenemos derecho a estar mejor, y podríamos estar mejor. El autor fue candidato a vicepresidente de Nicaragua.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
