El jueves 5 de junio corriente, a las 11:50 de la mañana, el empresario privado Milton Arcia fue notificado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el 28 de mayo anterior falló a su favor los dos recursos de amparo que él había interpuesto contra la Alcaldía de Managua, por una multa de 1.2 millones de córdobas y la intervención de un negocio privado de mucho valor y cuantiosa inversión en el viejo Malecón de Managua.
Al conocer la sentencia mediante la cual eran reconocidos sus derechos, Arcia reaccionó con justificada alegría y declaró que de esa manera quedaba demostrado que en Nicaragua sí hay justicia. Y criticó el empresario Arcia a quienes —LA PRENSA entre ellos— aseguran que en este país no hay independencia de poderes y que la administración de justicia está subordinada al poder político que ejerce en forma dictatorial el presidente inconstitucional Daniel Ortega.
Pero al día siguiente de que el señor Arcia fuera notificado de la sentencia judicial que lo favorecía y por la cual elogió a la administración de justicia en Nicaragua, la misma Sala de lo Constitucional de la Corte dio a conocer otra sentencia mediante la cual anuló la anterior y declaró sin lugar los amparos del ciudadano empresario.
Al parecer, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que dictaron la sentencia a favor de Arcia se despistaron en este caso, creyeron que siendo tan obvia la razón que asiste a este ciudadano no tendrían problema en reconocer sus derechos y restituirle lo que claramente le pertenece. Pero los magistrados se equivocaron de plano, su poder político superior les ordenó que revocaran inmediatamente la justa sentencia que habían dictado el día anterior, los expuso al escarnio público y exhibió descarnadamente al poder judicial como lo que invariablemente ha sido desde que el proceso democrático nacional fue abortado: un deleznable instrumento institucional al servicio del poder político partidista, personal y familiar de Daniel Ortega.
En realidad, la justicia dejó de ser independiente en Nicaragua desde el pacto de 1999 entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, mediante el cual los dos caudillos autoritarios se repartieron los poderes del Estado, incluso la Corte Suprema de Justicia, la cual fue insólitamente dividida políticamente en una bancada de magistrados del Frente Sandinista y otra bancada de magistrados del PLC.
La independencia de la justicia es como el seguro de la República, el soporte de la democracia y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Pero esta cláusula de valor democrático tan conocida, es olvidada por muchos, incluso magistrados que dicen ser profesionales e independientes pero en realidad son rampantes oportunistas.
Hace tanto tiempo como 266 años, el Barón de Montesquieu advirtió que todo lo de valor se pierde en un país donde un solo hombre y un solo partido controla y administra todos los poderes del Estado. Esto no es solo una doctrina hermosa o una abstracta teoría. La experiencia internacional, incluyendo la de Nicaragua, ha demostrado una y otra vez que cuando la justicia es sometida al poder político (llámese somocista, sandinista u orteguista), desaparece el imperio del derecho y la gente termina sirviendo a un partido y a un señor. Quienes antes eran ciudadanos, ahora son una nueva servidumbre. Son “borregos de desfile” como los denostaba el poeta nicaragüense Salomón de la Selva en su célebre poema, Pueblo no plebe.
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