Josué Bravo
El Ministerio Público costarricense espera acusar penalmente en cuatro meses a exfuncionarios públicos y contratistas que abrieron la carretera fronteriza con Nicaragua, una vez que el Organismo de Investigación (OIJ) remita a la Fiscalía la prueba contable.
Esta prueba, aún en análisis, será enviada por el OIJ en el mes de julio para que la Fiscalía la analice y acuse aproximadamente en el mes de octubre, según el fiscal general Jorge Chavarría.
Fue en el 2012, un año después de haberse iniciado su construcción en pleno conflicto fronterizo con Nicaragua, que la entonces mandataria Laura Chinchilla denunció actos de corrupción en su apertura.
En ese momento le pidió la renuncia a su ministro de transporte, Francisco Jiménez; la Fiscalía empezó a investigar y el OIJ ejecutó decenas de allanamientos para encontrar evidencias.
Entre los acusados de peculado en una causa abierta por la Fiscalía aún destacan el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta, y los exingenieros de esta entidad Miguel Ramírez y Manuel Serrano; así como los empresarios David Castillo, Giovanni Baralis y Johnny Muñoz.
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