El 25 de marzo pasado, la Asamblea Nacional declaró mediante ley que el 10 de junio es el Día de Solidaridad de Nicaragua con las islas Malvinas. Se trata más bien de una declaración política, la cual fue aprobada como ley a fin de hacerla obligatoria para todos los nicaragüenses, incluyendo aquellos que por la razón que sea —pero con todo derecho— no respaldan la reivindicación argentina de soberanía sobre dichas islas.
Cabe subrayar que la mencionada declaración política con pretensión de ley fue aprobada solo por los diputados orteguistas. La bancada opositora se abstuvo, según dijeron los diputados del PLI no porque rechazaran el reclamo de Argentina sobre las islas Malvinas, sino por el doble estándar del régimen orteguista en su manejo de política internacional del país. Se referían los diputados democráticos, al apoyo que el régimen de Daniel Ortega ha dado a Rusia en su anexión de la península de Crimea, que legalmente pertenece a Ucrania, y anteriormente, en los casos de Osetia del Sur y Abjasia, que eran parte de Georgia. Los parlamentarios opositores declararon con toda razón que Nicaragua debe ser neutral en los conflictos internacionales planteados entre países amigos, y protestaron porque antes de aprobar la declaración sobre las Malvinas no se consultó a la Embajada del Reino Unido, la otra parte en ese litigio con la cual el Estado nicaragüense mantiene amistosas relaciones.
De hecho e incluso desde la perspectiva del derecho internacional, no es algo simple ese conflicto por las islas Malvinas, como las llaman los argentinos, o Falkland como las denominan los británicos, en las cuales viven apenas menos de dos mil personas. De ellas, en un referendo realizado en marzo de 2013 con participación de 92 por ciento, 1,515 votaron a favor de seguir siendo británicos y solo tres se pronunciaron por ser argentinas.
Sin embargo, para el derecho internacional territorial lo que cuenta no es la voluntad de la gente sino los intereses de los Estados, más bien dicho de los políticos que gobiernan los Estados. Tampoco es determinante la ubicación geográfica de los territorios. Las islas Falkland o Malvinas están muchísimo más cerca de Argentina que de Inglaterra, pero no es la cercanía o la lejanía geográfica la que determina la pertenencia de un territorio insular o continental a un país determinado. También las islas de San Andrés y Providencia son mucho más cercanas al territorio de Nicaragua que al de Colombia, pero de conformidad con sentencia de la Corte Internacional de Justicia esas islas caribeñas son colombianas.
De manera que lo que deberían hacer Argentina y el Reino Unido, es someter su litigio por las Malvinas o Falkland a la Corte Internacional de Justicia, a fin de que esta, con toda su autoridad jurídica y moral decida mediante debida sentencia, a cuál de los dos países deben pertenecer definitivamente las islas en disputa.
Naciones Unidas tiene en sus manos este litigio por medio de su Comité de Descolonización, pero no hace nada para resolverlo, solo emite declaraciones retóricas y recomienda a las partes que negocien. Tampoco resolvió la litis, la guerra que se libró entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. De modo que lo que queda, y lo mejor, es someterse al árbitro internacional que para casos como este es la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
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