En enero de 2012, el influyente semanario británico The Economist publicó un elogioso artículo sobre la Policía Nacional de Nicaragua.
The Economist se basó en datos oficiales de Nicaragua y de organismos internacionales, así como en declaraciones personales de la jefa de la Policía, señora Aminta Granera. Pero también, para procurar el balance periodístico, la revista británica mencionó las denuncias de la oposición política y de organismos de derechos humanos acerca de los abusos policiales y la actuación políticamente sesgada de la Policía. De manera que el artículo de The Economist concluye advirtiendo que “Ortega ya tiene el control de la totalidad de las instituciones nicaragüenses. Sería un crimen si la Policía del país sufre el mismo destino”.
Desafortunadamente ese crimen ya ha sido cometido. Inclusive, sería más exacto decir que tal crimen ya se había perpetrado desde antes de la publicación de la The Economist, solo que esta revista no lo advirtió o no lo quiso decir. O quizás tenía la expectativa de que la Policía de Nicaragua resistiría la presión de Ortega y que podría conservar la neutralidad política y el profesionalismo que la caracterizaron durante el ciclo de los gobiernos democráticos, es decir, de 1990 a 2007.
Ahora la Asamblea Nacional está aprobando una nueva Ley de la Policía que es cuestionada por la oposición y organismos de la sociedad civil. Se critica, por ejemplo, la sospechosa ambigüedad en artículos como el número 2, que establece la exclusividad policial para hacer investigaciones, lo cual ha causado el temor de que se pretenda prohibir y castigar las investigaciones periodísticas. Pero si este fuese el problema se podría resolver fácilmente, con solo agregar que tal prohibición no se refiere a las investigaciones periodísticas. Y lo mismo se podría hacer con otros artículos dudosos.
En realidad, el meollo del problema es que la nueva Ley es para darle sentido de legalidad al proceso de orteguización de la Policía, que comenzó desde el mismo 10 de enero de 2007, cuando Ortega asumió la Presidencia, y al juramentar a los altos mandos policiales les advirtió que en la nueva época que estaba comenzando debían recordar sus orígenes sandinistas.
De manera que si para principios de 2012 Daniel Ortega ya tenía el control de la totalidad de las instituciones de Nicaragua, como lo reconoció The Economist, era una ilusión esperar que la Policía no corriera la misma suerte.
Ortega ha cambiado las formas de controlar y ejercer el poder, de acuerdo con las nuevas condiciones que prevalecen en Nicaragua, América Latina y el mundo. Pero el contenido de su régimen es el mismo de los años ochenta: autoritario, basado en la concentración y centralización de todos los poderes del Estado y el control de los sectores fundamentales de la sociedad. Por eso ha diezmado a la oposición política, ha neutralizado a la sociedad civil y se ha adueñado de casi todos los medios de comunicación social del país.
Si Ortega no hubiera vuelto al poder, no cabe duda de que la Policía habría seguido desarrollándose como una institución profesional y políticamente neutral, lo cual es indispensable para el funcionamiento de la democracia. Pero ese proceso fue abortado y cuando se restablezca la democracia será necesario volver a comenzarlo.
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