Lo que presentó el ministro de Hacienda el jueves de la semana pasada ante la Asamblea Nacional, en representación del presidente inconstitucional de Nicaragua Daniel Ortega, no fue un verdadero informe sobre la gestión de Gobierno el año anterior sino un documento de propaganda gubernamental.
En el informe propagandístico del régimen se habla, por ejemplo, de que se ha logrado reducir la pobreza, general y extrema, pero los datos que menciona son de 2009, ya divulgados anteriormente, siendo que las cifras que debió dar a conocer son las del año pasado.
El informe de propaganda del Gobierno de Ortega repite una vez más los datos acerca de los muy publicitados grandes proyectos de desarrollo, como la megarrefinería El Supremo Sueño de Bolívar, la cual fue anunciada con bombos y platillos en el año 2007 y debió haber comenzado a operar hace dos años, pero a estas alturas sigue siendo un proyecto. Sin faltar en el tal informe el aún más gigantesco proyecto del Gran Canal interoceánico, del cual, a estas alturas ni siquiera se conoce el informe sobre factibilidad que se ha venido postergando sin explicaciones de ninguna clase.
Siendo más propaganda que un reporte serio sobre la situación del país, todo lo que se dice en dicho informe parece exagerado y poco creíble. No obstante, le podríamos conceder al Gobierno el beneficio de la duda, más aún, podríamos admitir como cierto lo que se dice en el documento presentado el jueves pasado. Pero si fuese verdad todo lo que se dice en el informe, los múltiples logros que se adjudica el Gobierno en programas sociales, captación de inversiones extranjeras, incremento de reservas internacionales, etc., se pudieron lograr sin socavar la institucionalidad democrática ni violar los derechos humanos de los nicaragüenses.
Es más,se puede asegurar que si en Nicaragua la justicia fuese independiente; si las instituciones armadas no hubieran sido de nuevo politizadas; si en vez de fraudes electorales hubieran elecciones justas y limpias; si los ciudadanos no fuesen maltratados en las calles y en las cárceles; si hubiera en el país transparencia administrativa y fiscal; si las licitaciones de obras públicas se realizaran como manda la ley; si las instituciones de Aduanas e Ingresos no fuesen utilizadas como instrumentos de represión y coacción; si los medios de comunicación pudiesen tener libre acceso a la información pública como manda la ley de la materia; si los programas sociales beneficiaran a todas las personas y no con preferencia a las que se declaran afines al partido oficialista; en fin, si Nicaragua fuera un país democrático todos esos logros que se adjudica el gobierno de Daniel Ortega, y seguramente muchos más, se podrían conseguir y serían una realidad, no solo propaganda.
No es por mala voluntad hacia el país o al gobierno de Daniel Ortega, que la calificación internacional de riesgo de Nicaragua es muy baja y por ahora sin posibilidad de mejorar. Es que faltan los requisitos básicos de la democracia, del Estado de Derecho, de la independencia de poderes, de las elecciones libres y transparentes y del respeto a los derechos humanos, que hacen decentes, respetables y confiables a los países y los gobiernos.
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