LA PRENSA informó ayer que Transparencia Internacional (TI) “coloca a Nicaragua entre los países más corruptos, ocupando el puesto 127 con una calificación de 28 puntos”.
Se trata de que en el último Índice de Percepción de Corrupción, de TI, el cual mide el grado de corrupción en el sector público de acuerdo con lo que perciben e indican empresarios, profesionales y otras personas notables y confiables de cada país que son consultadas, Nicaragua ocupa el deplorable puesto 127, empatado con otros países entre los cuales se encuentra Rusia, el gran aliado del gobierno de Daniel Ortega.
Cabe mencionar que los países que ocupan los últimos tres puesto en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, o sea los más corruptos del mundo, son Afganistán, Corea del Norte y Somalia, mientras que los tres primeros lugares, o sea donde hay menos corrupción o casi no la hay, son ocupados por Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia. Lo cual indica que los países menos democráticos son los más corruptos, porque no hay transparencia gubernamental ni existen los controles institucionales y ciudadanos del ejercicio del poder público que son propios de la democracia.
De manera que es lógico que la corrupción crezca en un país como Nicaragua, donde los mecanismos de control sobre la administración pública no funcionan, no hay transparencia gubernamental, no se cumple la Ley de Acceso a la Información Pública y las concesiones de obras públicas se otorgan sin licitación por conveniencia del partido oficialista. Un país donde, además, las denuncias de corrupción que resultan de investigaciones periodísticas son ignoradas por el Gobierno, cuyos funcionarios ni siquiera responden a las preguntas de los pocos medios independientes que quedan en el país.
Que la democracia y la transparencia, su inseparable acompañante, son indispensables para combatir y erradicar la corrupción, lo saben muy bien los gobernantes y en los organismos internacionales a menudo se condena de palabra este grave problema gubernamental. Al respecto la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en 1996 una Convención Interamericana contra la Corrupción, en la cual se establece que para luchar contra este crimen político se debe promover la transparencia y fortalecer las instituciones democráticas. Sin embargo, la Convención contra la corrupción no se cumple y nadie es capaz de hacerla cumplir, igual que sucede con la Carta Democrática Interamericana de la misma OEA.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, en el documento que presentó a Daniel Ortega el 21 de mayo advierte la vinculación que hay entre la falta de institucionalidad democrática y la corrupción. En el capítulo sobre la institucionalidad, punto número 35, los obispos señalan que la existencia de un Estado democrático exige la independencia y separación de poderes, el ejercicio del poder sujeto a la ley y que no haya privilegios ni excepciones para nadie. Y precisan los obispos que “No es verdad que se pueda asegurar un desarrollo económico y social sostenible y una paz duradera sin instituciones sólidas, erradicación de la corrupción y respeto a la legalidad”. Esto para quienes alegan que lo que importa no es la institucionalidad democrática, sino los supuestos avances económicos y sociales del Gobierno.
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