“Los marchamos son especies fiscales. No son cualquier mercancía que se pueda vender en una esquina. Tiene que cumplir ciertas condiciones que deben ser aprobadas por la Dirección General de Aduanas. No es que esto tiene que estar sujeto al libre mercado, no es así”, expresó cuando se le consultó si Cootracar había pujado por tener la concesión exclusiva para la venta de los marchamos para transporte interno.
Altamirano insistió en que Cootracar nació como una cooperativa que busca brindar condiciones de pago y precios favorables para la compra de insumos a los transportistas de carga del país.
“Cootracar nació de una huelga, de la huelga del 2004. La firma de los acuerdos que pusieron fin a esa huelga fue la que sirvió como base a Cootracar. Pero la idea de crear esta cooperativa fue para beneficiar al transportista de carga, para poderles vender a precios más favorables para que pueda trabajar. Y en esa huelga, que fue dura, no participó Fetracanic, donde era presidente el señor José Francisco Guerra, que ahora está reclamando”, relató Altamirano.
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Moisés Martínez
Ni dos resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a su favor y siete cartas enviadas al mismo despacho del presidente inconstitucional Daniel Ortega, le han servido al empresario José Francisco Guerra Cabrera, de Transportes Guerra, para que la Dirección General de Aduanas (DGA), presidida por Eddy Medrano, le levante el bloqueo que le impuso para impedirle la venta de precintos de movimiento interno para camiones de carga, popularmente conocidos como “marchamos”.
LA PRENSA solicitó una explicación del caso vía correo electrónico, tal como orientó la oficina de Fanor Bonilla, responsable de prensa de la DGA, pero no hubo respuesta.
Los precintos o marchamos son candados que se utilizan principalmente en el transporte de carga. Tienen que cumplir especificaciones técnicas particulares y solo pueden ser abiertos rompiéndolos. En el caso de los marchamos bloqueados a Transportes Guerra es para el movimiento a lo interno del país.
Guerra Cabrera se encuentra impedido para poder comercializar los marchamos luego de que Medrano, en su carácter de director de Aduanas, emitió la resolución 0143-2011, que en síntesis establece que los únicos precintos autorizados son los vendidos por la cooperativa Cootracar.
Guerra Cabrera tenía siete años de estar vendiendo los marchamos, luego de haber logrado una autorización de la DGA, cuando esta era dirigida por Rudy Gutiérrez, durante la administración del presidente Enrique Bolaños.
“Nosotros estuvimos vendiendo los aparatos por siete años. Todo el mundo los usaba tranquilamente, todo el mundo los compraba. Pero de la noche a la mañana salió una circular técnica en la que se decía que el único marchamo aceptado era el que vendía Cootracar. ¿Por qué? No sé, ¿por qué darle ese trato especial? No tengo idea”, expresó Guerra Cabrera.
“Nosotros agotamos la vía administrativa y nos fuimos a la vía judicial, hasta la misma Corte Suprema de Justicia, que emitió una resolución que en esencia dice que nos dejen vender los marchamos, que nos dejaran competir, que estaban creando un monopolio al dejar que exclusivamente solo Cootracar los vendiera”, añadió.
DOS RESOLUCIONES DE LA CSJ
El 9 de mayo del 2012 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emite la sentencia 846 en la que da lugar a un recurso de amparo interpuesto por los abogados de Transportes Guerra en contra de la resolución emitida por Medrano Soto, en su calidad de director de Aduanas y la circular técnica de Héctor Sánchez, delegado de Aduanas en la zona franca Las Mercedes, al establecer a Cootracar como la única que podía vender los marchamos.
En ese sentido, el recurso de amparo anula la prohibición emitida por Aduana, y deja las cosas tal y como estaban antes de esta resolución.
Sin embargo, Aduana hizo caso omiso a esta resolución. El 25 de junio de 2013, la misma Sala Constitucional emitió una cédula en la que se ordenaba a los mismos funcionarios y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, a que cumplan la misma, so pena de ser sancionados. Sin embargo, ha pasado un año y la situación no ha cambiado para Transportes Guerra.
“El problema es la actitud personal del señor Eddy Medrano, porque él no te recibe, no acepta cartas, no te dice nada, vos buscás a los funcionarios y se te esconden, no te reciben o no te dicen nada. Yo he llegado con mi esposa y nadie nos recibe o atiende en la Aduana. La resolución de la Corte es papel mojado para este señor. No sé qué peso tiene en el Gobierno, porque pareciera estar por encima de las leyes del país”, expresó el empresario.
Dada la inefectividad de las resoluciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia, Guerra Cabrera decidió escribir directamente al despacho del presidente Ortega en busca de una solución, pero tampoco ha encontrado respuesta.
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