Elízabeth Romero/Martha Vásquez
Una de las demandas al Gobierno es que digan cuál es el presupuesto asignado, indicó Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), quien recordó que hasta ahora no hay albergues por parte del Estado, tampoco una línea telefónica para atender los casos de urgencia, como establece la Ley.
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En Nicaragua, cada cuatro días muere una mujer, víctima de agresión. Y el Gobierno sigue sin promover una campaña sostenida en contra de la violencia contra la mujer.
Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), señaló que “en la práctica ni un centavo han destinado para eso” y recordó que las pocas campañas del Gobierno son propagandísticas, y que más que todo están relacionadas con la creación de Comisarías, pero no en específico contra la violencia.
Jiménez refirió que hay una retórica alrededor de los derechos de las mujeres, pues a pesar de que se aprobó una ley contra la violencia, no hay presupuesto para la implementación de la misma.
Y puso de ejemplo que la agresión a dos periodistas de LA PRENSA no solo fue contra el ejercicio profesional, sino “está el patrón claro del abuso” contra las mujeres.
Reyna Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, indicó que el Gobierno nunca va aceptar que las reformas a la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer, representan un retroceso.
Con ella coincide Jiménez, quien apuntó que con las mismas no solo se restablece la mediación, sino que cualquier judicial puede conocer los casos de violencia.
REVERTIR LA MEDIACIÓN
Revertir la mediación fue una de las principales recomendaciones que hicieron los Estados a Nicaragua en el Examen Periódico Universal (EPU), que el Gobierno rechazó. “Eso deja claro que no están interesados en el tema de la violencia”, afirmó Rodríguez.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, instó a las organizaciones de mujeres que si tienen pruebas de que al menos cinco de las víctimas de femicidios habían mediado después de entrar en vigencia las reformas a la Ley, que lo demuestren. Según las reformas a la Ley 779, se puede mediar en delitos menos graves y “solo en la Fiscalía y avaladas por el juez competente”, recalcó Ramos.
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