El pasado miércoles 30 de abril, el régimen orteguista conmemoró el segundo aniversario de la muerte de Tomás Borge y al mismo tiempo festejó el Día de los Trabajadores. En esa ocasión, Daniel Ortega reconoció el papel determinante de los sindicatos sandinistas en la ejecución de la estrategia de “gobernar desde abajo”, fraguada por el FSLN después que perdió las elecciones de febrero de 1990, para sabotear mediante la violencia, la extorsión armada y el chantaje político a los frágiles gobiernos democráticos de los años noventa.
Todos los crímenes políticos que fueron cometidos en aquel periodo turbulento de la reciente historia nacional, quedaron impunes, como casi siempre quedan sin castigo las atrocidades cometidas por la izquierda radical, mientras que los crímenes de la derecha son implacablemente castigados, justamente como debe ser, pero no solo los crímenes de la derecha sino también los de la izquierda.
En su discurso del 30 de abril, Ortega —además de elogiar a los militantes sandinistas que ejecutaron en las calles la estrategia de “gobernar desde abajo” con el propósito de sabotear a los gobiernos democráticos y principalmente al de doña Violeta— señaló que el sandinismo quiere continuar en el poder, del mismo modo que los liberales que gobernaron de 1997 a 2007 querían seguir gobernando y estaban en su derecho de quererlo. “Al final el pueblo decide con los votos”, dijo Ortega, como si él estuviera en el poder por decisión popular votada en elecciones libres, justas y limpias.
Sin duda que Ortega tiene razón, al decir que el sandinismo y él en lo personal tienen derecho a querer seguir gobernando. Pero también los partidos democráticos de la oposición tienen derecho de gobernar. Lo cual Ortega lo debería reconocer públicamente, pues, como suelen decir los abogados, si la salsa es buena para la gansa también tiene que ser buena para el ganso.
Pero no es de cualquier manera que se debe gobernar y seguir gobernando. Tampoco nadie tiene derecho de hacer lo que sea y pagar el precio que se tenga que pagar, para seguir en el poder, como Tomás Borge se lo dejó dicho a Ortega en un mensaje brutalmente totalitario que radio Corporación repite a diario, para que los nicaragüenses no lo olviden y sepan a qué atenerse con respecto a la naturaleza y las intenciones del orteguismo.
Es cierto que todos los partidos políticos tienen derecho de gobernar y querer seguir gobernando. Pero deben hacerlo respetando la Constitución y las leyes, y validando ese derecho en elecciones justas y limpias, no con fraudes electorales como los que Ortega ha realizado en los últimos años para perpetuarse en el poder.
En su próxima reunión con los obispos, Daniel Ortega debería comprometerse a garantizar la celebración de elecciones justas y limpias, organizadas por un nuevo Consejo Supremo Electoral integrado con personas honestas y confiables, bajo observación electoral nacional e internacional independiente y en igualdad de condiciones de todos los partidos en la contienda electoral.
Porque no solo Ortega y su partido tienen derecho de gobernar y de querer seguir gobernando. Los partidos democráticos, que hoy son de oposición, también tienen ese derecho. Y además de arbitrario e injusto, es inmoral que el Gobierno actual no lo reconozca ni lo respete.
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