Nos preguntan si después que la Asamblea Nacional eligió a los magistrados de justicia y electorales, y a los demás altos funcionarios del Estado que según la Constitución tienen que ser nombrados por el poder legislativo, seguiremos llamando de facto a los que estaban detentando esos cargos amparados en un decreto ilegal de Daniel Ortega.
Nos parece que no. A pesar de que lo ocurrido la semana pasada en la Asamblea Nacional puede ser calificado como un sainete, la verdad es que formalmente se cumplió la disposición establecida por la Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 138, de que tales funcionarios deben ser elegidos, uno por uno, de listas presentadas por los diputados y por el presidente de la República; o escogerlos solo de las propuestas de los diputados, si el presidente no quiere presentar candidatos o los presenta por medio de sus diputados, como en este caso lo hizo el inconstitucional Daniel Ortega.
Algunos analistas políticos, entre los cuales se incluyen expertos constitucionalistas, alegan que los funcionarios elegidos la semana pasada siguen siendo de facto y espurios, porque fueron elegidos por una Asamblea Nacional integrada por diputados que no resultaron de una elección justa y limpia, sino de un fraude electoral. Pero esto no es un criterio jurídico, sino político.
A nuestro juicio, es cierto que las elecciones de 2011, en la cual el Consejo Supremo Electoral de Roberto Rivas le dio al FSLN la cantidad de diputados suficiente para que Daniel Ortega pueda hacer lo que quiera, fueron fraudulentas o al menos bastante dudosas. Sin embargo, en la elección de los empleados públicos de alto rango que se hizo recientemente en la Asamblea Nacional, se respetó básicamente el procedimiento constitucional establecido para esa elección y, por lo tanto, jurídicamente son funcionarios de derecho, no de facto.
Otra cosa es que esa elección no ha restablecido ni normalizado la institucionalidad democrática. Los poderes judicial, electoral y legislativo, y todas las instituciones estatales de Nicaragua, siguen subordinados a los intereses políticos y personales de Daniel Ortega. La presencia, en la Corte Suprema de Justicia, de dos o tres magistrados que formalmente no son orteguistas —pero fueron nombrados por el orteguismo—, no restablece la independencia ni el decoro del poder judicial. Y lo mismo se puede decir de las otras instituciones colegiadas en las que fueron incluidas algunas personas que no pertenecen oficialmente al FSLN.
La restauración de la institucionalidad democrática sigue siendo una tarea pendiente. Con lo ocurrido la semana pasada en la Asamblea Nacional, Daniel Ortega ha pretendido legitimar lo que por su perversión política es absolutamente ilegítimo. Pero esto hace más perentoria la necesidad de luchar por la restitución de un poder electoral decente y confiable, por una administración de justicia independiente y en general por una auténtica democracia republicana.
El restablecimiento de la independencia de poderes y demás valores esenciales de la democracia, es una bandera que podría y debería unir a todos los demócratas de Nicaragua. Y alzarlos a una lucha que debe ser cívica y pacífica, pero debidamente organizada y masiva, en contra de la nueva dictadura orteguista.
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