Se ha informado que esta semana la Asamblea Nacional elegirá los 54 cargos del Estado que son detentados hasta ahora por funcionarios de facto.
Acerca de esto, en los sectores de la oposición y la sociedad civil se ha discutido intensamente si la bancada opositora, que es la del partido PLI, debe participar en la elección y conformarse con los cargos que el orteguismo les quiera conceder; o si, por el contrario, debe abstenerse de participar porque la repartición de los cargos ya está decidida; y porque, de todas maneras aunque el PLI colocara en esos cargos una o dos personas propias o independientes, eso no cambiaría y ni siquiera influiría un poco en el esquema de poder absoluto que el orteguismo ha impuesto en las instituciones del Estado.
Pero el problema no es simplemente participar o no participar. En principio, si el PLI está metido en el juego de la oposición legal su deber es participar en las instituciones donde pueda hacerlo, aprovechar todos los espacios que le sea posible, luchar en todo caso porque el orteguismo respete el derecho de participación de la minoría opositora.
En política no se participa solo cuando se tiene la seguridad de ganar y de tomar el control de las instituciones de gobierno. Se participa también como minoría crítica, para ejercer una función de oposición y vigilancia del gobierno, para presentar alternativas de políticas públicas que convenzan a la mayoría de los ciudadanos que en las siguientes elecciones deben votar para que se produzca un cambio de gobierno nacional.
Aún en el caso de un sistema de poder político dictatorial, absolutista e irrespetuoso de las reglas democráticas básicas de elecciones limpias y alternabilidad gubernamental, como es el orteguista, si hay oportunidad la oposición debe ocupar los espacios que pueda y actuar en las instituciones como guardián de los derechos de las personas, fiscal del poder y denunciante de la corrupción y los abusos del régimen, promotor de ciudadanía y de los principios y valores democráticos.
Sin embargo, la participación en cargos de gobierno no puede ni debe ser a cualquier precio, ni con mezquinos fines lucrativos, o sea con el propósito de conseguir algunos puestos públicos para sacar del desempleo a algunos líderes políticos y sus allegados y pegarlos a la ubre del presupuesto nacional.
A nuestro juicio, ante el próximo nombramiento o elección en la Asamblea Nacional de los cargos estatales que están vencidos, enfrente del PLI hay tres grandes líneas rojas que este partido no debería cruzar, so pena de convertirse en otro indecoroso grupo colaboracionista, como el PLC: Primero, que la elección de los cargos tiene que ser uno por uno, como lo manda taxativamente la Constitución de Nicaragua. Segundo, que los electos de entre las propuestas del PLI sean los que este decida y no los que quiera el orteguismo. Y tercero, que el número de cargos que sean elegidos de las listas propuestas por el PLI, debe ser proporcional a su condición de segunda fuerza política, y en todo caso no equivalente y mucho menos menor que los que el orteguismo le regale al PLC.
El PLI puede decidir lo que quiera, pero nosotros tenemos derecho y obligación de expresar lo que pensamos sobre este tema, que es del mayor interés público.
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